En las últimas horas, la Justicia ordenó la detención domiciliaria de Pablo Atchabahian, exfuncionario clave en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntas coimas en la compra de medicamentos. La medida, dispuesta por el juez Sebastián Casanello, lo coloca en el epicentro de uno de los escándalos más graves de corrupción estatal de los últimos años.

Atchabahian es un médico urólogo con una carrera que combinó la práctica clínica con la función pública. En 2011, durante la intendencia de Humberto Zúccaro, ocupó el cargo de Secretario de Salud municipal, un rol que lo acercó al poder local y lo proyectó políticamente. Posteriormente, su vinculación con la dirigencia nacional creció.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Atchabahian fue designado en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según consta en el Boletín Oficial, fue nombrado Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud mediante el decreto 366/2018.

Desde esa posición, habría tenido una influencia determinante en las políticas de compras y en la articulación con laboratorios y droguerías.

El caso ANDIS: acusaciones de corrupción

La causa judicial se originó tras la difusión de unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, en los que se aludiría a un mecanismo sistemático de sobornos para direccionar la compra de medicamentos.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, calificó los hechos como parte de una "organización delictiva" que operaba dentro de ANDIS, con adjudicaciones irregulares, sobreprecios y retornos económicos para funcionarios.

Según el dictamen fiscal, parte de ese mecanismo se habría instrumentado mediante la manipulación del sistema de compras SIIPFIS, un sistema informático que, en principio, debería garantizar transparencia, pero que según la acusación fue usado para disfrazar un esquema corrupto.

Entre los señalados por la fiscalía, además de Atchabahian, están figuras como Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Luciana Ferrari y otros.

La detención domiciliaria

El juez Sebastián Casanello ordenó detener a Atchabahian luego de que no pudiera ser localizado en su domicilio habitual, lo que generó sospechas.

Según fuentes judiciales difundidas por medios locales, se presume que el exfuncionario mantenía vínculos con terceros que podrían ayudarlo a eludir al sistema judicial, y que contaba con recursos económicos suficientes para intentar evadir el proceso.

Finalmente, fue localizado en la provincia de Mendoza, detenido y se negó a declarar ante el juez, por lo que quedó bajo prisión domiciliaria.

El magistrado justificó la medida con el riesgo procesal derivado de la "severa calificación jurídica" que podría recibir, lo cual hacía imperativa su detención para garantizar su comparecencia y participación en la causa.

El rol de Atchabahian en el presunto esquema corrupto

Según la acusación de la fiscalía, Atchabahian habría sido un operador estratégico: con conocimiento del sistema de compras y del vínculo entre ANDIS y ciertos proveedores, habría orientado qué droguerías debían ser privilegiadas o perjudicadas. Se lo vincula especialmente con droguerías como Génesis S.A. y también con laboratorios como Roche S.A., que habrían sido beneficiados por adjudicaciones amañadas.

Además, se le atribuye haber colaborado con la implementación de "compulsas reducidas", es decir licitaciones con pocos oferentes invitado, lo que facilitaría el direccionamiento y el sobreprecio.

Parte de los sobornos, según los audios, ascendían al 8 % sobre los contratos adjudicados, de los cuales un 3 % iría a la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei.

Otra figura clave en el entramado denunciado es Luciana Ferrari, que trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.. Según el dictamen de la fiscalía, Atchabahian facilitó que Ferrari accediera al sistema informático de ANDIS (SIIPFIS), con usuario y contraseña suministrados por Garbellini, para que desde fuera de la agencia pudiera anticiparse a las licitaciones, gestionar "tickets", y manipular las condiciones de adjudicación.

Por su parte, Daniel María Garbellini, ex director en ANDIS, aparece como pieza de ejecución: se le atribuye que operó bajo las indicaciones de Atchabahian y Calvete, integrando a actores externos en la toma de decisiones internas, y dejando que terceros sin cargo formal influyeran directamente sobre los procesos de compra.

La logística financiera del presunto esquema también es minuciosamente descripta en el expediente: la pareja de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, habría sido la encargada de mover dinero en efectivo y cheques, mientras que otros operadores, como Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, agrupados a través de una empresa vinculada a la aviación privada (Baires Fly S.A.), transportaban los fondos.

Más allá del volumen económico denunciado, la causa ANDIS tiene un fuerte peso simbólico y social: involucra a un organismo público destinado a personas con discapacidad, especialmente mediante el Programa Incluir Salud, que beneficia pensiones no contributivas para personas vulnerables.

Si las acusaciones prosperan, no solo estaríamos frente a un caso de corrupción, sino también a un perjuicio concreto para un sector de la población especialmente frágil.

Para el fiscal Picardi, la ANDIS habría funcionado como "una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados", en vez de garantizar políticas de salud y discapacidad.

Por otro lado, el caso tiene una dimensión política sensible, puesto que implica a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, mencionada en los audios en relación con la distribución de los sobornos.

Esto convierte la causa en un punto crítico para el oficialismo, que debe enfrentar además una investigación judicial de alto riesgo reputacional.

La defensa de los acusados no se ha quedado atrás. El ex titular de ANDIS, Spagnuolo, a través de su abogado Mauricio D'Alessandro, negó que los audios sean auténticos: según su versión, estarían editados o manipulados con inteligencia artificial.

Además, su defensa ya intentó plantear la nulidad de la causa, argumentando violaciones de intimidad y privacidad, y cuestionando la forma en que se obtuvieron las grabaciones.

Otro argumento que presentaron los defensores es el principio de "non bis in idem", ya que, según ellos, algunas de las maniobras investigadas ya habrían sido indagadas en una causa anterior que fue archivada por "inexistencia de delito".

Por el momento, sin embargo, el juez Casanello rechazó esos planteos y ratificó las indagatorias.

Según el magistrado a cargo, Atchabahian no solo tenía disponibilidad de recursos, sino que podría tener redes de apoyo para evadir la acción jurisdiccional.

Además, su posible responsabilidad dentro de la estructura investigada implicaría delitos graves: defraudación, asociación ilícita, dirección de compras públicas fraudulentas, entre otros.

Dado este escenario, su detención domiciliaria fue considerada necesaria para asegurar su presencia durante la investigación.