El juicio oral que tiene como acusado al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté y a otras nueve personas sumó esta semana una nueva audiencia en el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín. La investigación analiza el presunto manejo irregular de fondos nacionales enviados al Municipio entre 2016 y 2019 y, en esta etapa, la atención estuvo puesta en la obra de una planta depuradora de líquidos cloacales destinada al barrio Peruzzotti.

Se trata de una de las obras incluidas en la causa por presunta malversación de fondos públicos. La Justicia investiga, entre otros puntos, si se realizaron pagos y certificaciones por trabajos que no se habían concretado en los tiempos y condiciones establecidos.

La audiencia del martes contó con seis testimonios. Entre ellos declaró José Luis Strauss, quien durante el período investigado se desempeñaba como gerente de servicios de Sudamericana de Aguas, empresa que tenía a su cargo la prestación del servicio de agua y cloacas en Pilar.

La compañía había sido contratada por Tordel S.A., firma adjudicataria de la obra, y posteriormente subcontrató a Ferraro SRL para la construcción de la planta móvil, mientras que Sudamericana se ocupó del diseño técnico.

Durante su declaración, Strauss reconoció su firma en un remito vinculado con la entrega de la planta a Tordel. Consultado por el fiscal general Marcelo García Berro, explicó: "Yo no tenía poder de decisión. Me han mandado a entregar la planta y firmar el remito".

Según relató, el módulo estaba compuesto por una estructura metálica con distintos dispositivos, compartimentos y elementos periféricos. También señaló que permanecía en poder de Ferraro y que existían inconvenientes relacionados con los pagos.

"Necesitaban que sea retirada, pero había problemas con los pagos", afirmó Strauss. Luego explicó que, una vez retirada, la planta fue trasladada a un corralón municipal a la espera de que estuviera preparado el lugar donde finalmente debía ser instalada.

El testimonio se incorporó a una serie de declaraciones que ya habían tenido lugar en las audiencias anteriores. El 9 de septiembre, Silvio Ferraro, titular de Ferraro y Asociados SRL, había señalado que la planta permaneció en su taller hasta fines de 2018 o comienzos de 2019 porque Sudamericana de Aguas no había terminado de abonarle los trabajos.

En esa misma jornada también declararon Ariel Zitelli, presidente de Sudamericana de Aguas, y el ingeniero Hernán Beé, ambos vinculados a la empresa. Los dos coincidieron en que el módulo todavía se encontraba en las instalaciones de Ferraro cuando ya se había emitido documentación municipal que indicaba un avance del 99 por ciento de la obra.

Zitelli fue consultado específicamente sobre un certificado fechado en febrero de 2018. "La planta todavía no había sido retirada del taller de Ferraro", sostuvo ante el Tribunal.

La documentación y los testimonios forman parte de la investigación sobre una obra que, de acuerdo con los antecedentes judiciales de la causa, había sido presupuestada, licitada y posteriormente certificada con un elevado nivel de avance. La Cámara Federal de San Martín había analizado previamente las actuaciones vinculadas con la planta y la ejecución del convenio correspondiente a Peruzzotti.

Los testimonios de los procedimientos

Durante la última audiencia también declararon integrantes de la Policía Federal y de otras áreas que participaron de diligencias relacionadas con la investigación.

Uno de ellos fue Santiago Martín Ybarra, quien intervino en tareas ordenadas por el Juzgado Federal de Campana. El efectivo explicó que, junto con profesionales e ingenieros, había participado de un relevamiento destinado a verificar distintas obras de la red cloacal.

Si bien aclaró que no recordaba detalles precisos del procedimiento, señaló que tenía presente que el lugar indicado para la planta no coincidía con lo que esperaba encontrar.

También prestó declaración Aldo Álamo, quien se desempeñaba en el Departamento de Anticorrupción de la Policía. Su participación estuvo relacionada con un relevamiento sobre mejoras realizadas en Peruzzotti, aunque manifestó no recordar específicamente cuestiones vinculadas con la planta depuradora.

A su vez, declaró Miguel Ángel Liberé, trabajador municipal que había sido convocado como testigo durante un procedimiento realizado por efectivos de la Policía Federal en un obrador ubicado en la zona de Ruta 8 y la calle Bataglia.

La lista de testigos de la jornada se completó con Nicolás Bericelli, quien se desempeñó como custodio personal de Ducoté, y Gabriela Barrera, integrante de la fuerza que intervino en distintos procedimientos vinculados con la investigación.

Qué se investigará en las próximas audiencias

El expediente no se limita a la obra de Peruzzotti. El juicio también contempla otros dos ejes vinculados con fondos nacionales transferidos durante la gestión de Ducoté: las obras de urbanización del barrio Monterrey, en Presidente Derqui, y el programa de microcréditos destinado al mejoramiento de viviendas.

La causa analiza presuntas irregularidades en la administración y utilización de recursos que la Nación había destinado al Municipio de Pilar para diferentes obras y programas.

Además de Ducoté, están acusados el exjefe de Gabinete Juan Pablo Martignone; el exsecretario de Obras Públicas Guillermo Horacio Iglesias; la exsubsecretaria de Obras Públicas Sandra Edith Sosa; el exdirector general de Calles y Red Vial Osvaldo Nicolás Caccaviello; Federico Iván Leonhardt, presidente de Vivienda y Hábitat Pilar SAPEM; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A.; Norberto Fabián Giulianelli, representante técnico de esa empresa; y Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, representantes legales de la UTE Vialme S.A.

La próxima audiencia del juicio fue fijada para el 29 de septiembre, a partir de las 13.30. En las siguientes jornadas continuará la incorporación de testimonios y elementos vinculados con los distintos hechos que forman parte del expediente.