La OA se pronunció a favor de Alberto Fernández tras la denuncia de Campagnoli

Luego de finalizar su mandato como presidente de Argentina y viajar a España, Alberto Fernández regresó al país para realizar el trámite que le permitiría acceder a su jubilación vitalicia, un beneficio que alcanzaría los 7 millones de pesos por mes.

No obstante, la pilarense Marcela Campagnoli, diputada nacional de la Coalición Cívica, intervino al realizar una presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitando que Fernández no pueda percibirla por supuesta falta de honorabilidad.

“Hice una presentación en noviembre (2023) ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que evalúe la falta de honorabilidad de Alberto Fernández en el ejercicio de su mandato. Creo que fue el peor presidente que tuvo la Argentina no sólo por su mandato, sino por como ejerció el poder”, manifestó la legisladora.

Y en referencia al término “honorabilidad” como una clave a tener en cuenta de su denuncia, expuso: “Cuando se sancionó esta ley, decía que era una retribución por haber ejercido el cargo con honorabilidad. Recuerdo que tuvo una causa donde pagó 1 millón de pesos por la fiesta de Olivos, el vacunatorio VIP, los DNU que sacó excediéndose en las facultades que le son vedadas por la Constitución Nacional. Violó un artículo de la Constitución cuando siguió ejerciendo como profesor de la universidad sin importar que no reciba remuneración; el uso del logo del Banco Nación por parte de su pareja para promover una empresa personal. Los motivos son innumerables para hablar de honorabilidad”.

Frente a esto, la PIA consideró que la presentación de Campagnoli debía ser girada a la Oficina Anticorrupción (OA), quien tomó las riendas del caso para evaluarlo y responder al pedido de la pilarense.

Ahora, finalmente la OA se pronunció al respecto, y determinó que “carece de competencias para intervenir sobre el otorgamiento del beneficio” de la jubilación especial de Alberto Fernández por su condición de expresidente de la Nación.

Asimismo, el organismo que depende del Ministerio de Justicia consideró que “no surgen indicios de la existencia de algún acto que, por haber tenido lugar mediando conflicto de intereses, pueda encontrarse viciado de nulidad” en la gestión del expresidente.

De esta manera, la Oficina Anticorrupción se pronunció a favor de Alberto Fernández, y no dio lugar a la denuncia de Campagnoli.