La Justicia penal de La Plata indagará este lunes al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, en el marco de una de las causas más sensibles que se abrieron por presuntas estafas y maniobras de corrupción en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). El ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof está acusado de haber "acordado" el cobro de dinero con las empresas adjudicatarias a cambio de otorgarles las licencias para explotar el servicio.

La indagatoria al pilarense marcará el inicio de una seguidilla de declaraciones que se extenderá durante los próximos días en los tribunales platenses. Además del ex ministro, deberán presentarse ante el fiscal Álvaro Garganta ocho empresarios vinculados a las firmas que obtuvieron las concesiones de la VTV en distintas zonas de la provincia.

Según la investigación, la fiscalía sospecha que D'Onofrio cometió los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El ex funcionario, que respondía políticamente al entonces candidato presidencial Sergio Massa, renunció a su cargo hace aproximadamente un año, cuando comenzaron a conocerse los detalles de estas presuntas irregularidades.

Sospechas de direccionamiento y una "empresa interpuesta"

La causa que instruye Garganta sostiene que el entonces ministro manipuló el proceso licitatorio del servicio de Verificación Técnica Vehicular para beneficiar a un grupo de empresas previamente seleccionadas. A cambio de concesiones por diez años en catorce zonas de la provincia, las firmas habrían desviado sumas millonarias a través de una "empresa interpuesta", que fue impuesta desde el propio Ministerio de Transporte como condición para adjudicar las licencias.

Esa firma es Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, que se encargó de administrar el sistema de turnos online para la VTV. De acuerdo con la acusación, Soluciones SA se quedaba con entre el 3% y el 8,5% del valor de cada verificación realizada. Garganta estima que, solo en un año, esa intermediación habría generado una recaudación superior a los 4.900 millones de pesos.

Actualmente, el costo de la VTV asciende a $79.000 para vehículos particulares y a $143.000 para los que superan los 2.500 kilos. De ese monto, la empresa intermediaria percibe entre unos $2.500 y hasta $11.000 por cada turno otorgado.

El fiscal detalla en su acusación múltiples irregularidades en el proceso licitatorio, como la aceptación de ofertas con documentación incompleta y la participación de empresas sin experiencia previa o sin la debida registración legal. Para la fiscalía, estas maniobras evidencian un "claro direccionamiento" que derivó en la exclusión de otros oferentes y en la ausencia total de competencia en las zonas licitadas.

Empresarios imputados y vínculos políticos

Además de D'Onofrio, fueron citados a declarar los empresarios Sebastián Andrés Desio, Martín Hernán Serrano, Germán Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss, todos ellos vinculados a las firmas adjudicatarias del servicio de VTV.

Soluciones SA estaba a cargo de Sebastián Desio, un empresario con vínculos con el Frente Renovador y cercano al entorno de D'Onofrio. Según la investigación, Desio compró la empresa apenas cinco días antes de que el Ministerio de Transporte le concediera el servicio. También se le atribuyen vínculos comerciales con el propio Estado provincial, a través del alquiler de inmuebles para dependencias creadas durante la gestión de Kicillof.

Otras causas en trámite

El expediente por las licencias de la VTV avanza en paralelo con otras investigaciones que también involucran al ex ministro. Una de ellas apunta a una presunta red de abogados que reducían el monto de las multas por infracciones detectadas con cinemómetros en rutas bonaerenses, con la supuesta connivencia de jueces administrativos de Faltas.

En esa causa, D'Onofrio fue imputado como partícipe necesario de delitos como fraude contra la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. Entre los imputados figura el ex juez de Faltas Mario Quatrocci, señalado como socio de la concejal Claudia Pombo, de estrecha relación política con el ex ministro.

En paralelo, en el fuero federal de Campana, el juez Adrián González Charvay procesó a D'Onofrio por presunto lavado de activos y ordenó un embargo por 350 millones de pesos. La medida alcanzó también a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, con un embargo de 300 millones. Ambos continúan en libertad, aunque con inhibición general de bienes.

Con la indagatoria de este lunes, la causa por el escándalo de la VTV entra en una etapa clave que podría definir la situación procesal de D'Onofrio y de los empresarios involucrados en uno de los sistemas de control más sensibles para millones de automovilistas bonaerenses.