La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Jorge D'Onofrio y dejó firme la elevación a juicio oral de la causa en la que el exministro de Transporte bonaerense está acusado de presunto lavado de activos, a partir de una investigación vinculada con la compra de una Audi Q8. Con esta decisión, el expediente será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que resulte sorteado para llevar adelante el debate.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los camaristas Marcelo Darío Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán. Los abogados Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde habían intentado apelar la decisión del Juzgado Federal de Campana que había dado por concluida la etapa de instrucción y dispuesto la elevación del caso a juicio oral.

La apelación había sido declarada improcedente, por lo que la defensa recurrió directamente ante la Cámara mediante una queja. En esa presentación también cuestionó la constitucionalidad de la norma que impide apelar el auto de elevación a juicio.

Los magistrados desestimaron los planteos y consideraron que el juzgado de primera instancia había fundamentado de manera adecuada las razones por las cuales no correspondía conceder el recurso. Además, entendieron que los cuestionamientos de la defensa buscaban volver sobre discusiones que ya habían sido planteadas con anterioridad. De esta manera, quedó despejado el camino para que la causa avance hacia el juicio oral.

El expediente tiene como eje una Audi Q8 adquirida en octubre de 2023 y registrada a nombre de Facundo Asensio, quien por entonces se desempeñaba como director de Fiscalización y Control de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Asensio también se encuentra acusado en la causa y deberá afrontar el eventual debate oral.

El vehículo fue declarado por un valor de $30 millones, aunque la póliza de seguro contratada contemplaba una cobertura de $173,8 millones. Para los investigadores, ese dato se suma a otros elementos que permitieron poner en duda que Asensio fuera el único beneficiario real del automóvil.

Entre esas circunstancias figura una autorización existente desde el momento de la adquisición para que D'Onofrio pudiera conducir el vehículo. Además, el entonces ministro habría gestionado el Telepase utilizando su correo electrónico y su tarjeta de débito.

La hipótesis de la acusación sostiene que la operación podría haber sido utilizada para incorporar al circuito legal fondos provenientes de posibles delitos contra la administración pública. D'Onofrio fue procesado como presunto coautor del delito de lavado de activos, agravado por su condición de funcionario público, y se le impuso un embargo de $350 millones.

La defensa, sin embargo, rechazó esa interpretación y sostuvo que el dinero utilizado para la compra del vehículo provenía de un préstamo otorgado por una sociedad comercial perteneciente a la familia de Asensio. También cuestionó que se encontrara acreditado el supuesto delito precedente indispensable para configurar el lavado de activos.

Los abogados objetaron, además, la valoración realizada sobre la póliza del automóvil y reclamaron el sobreseimiento de los acusados. Esos argumentos podrán volver a ser planteados durante el juicio oral, instancia en la que deberá establecerse la eventual responsabilidad penal de D'Onofrio y Asensio.

Otros expedientes contra el exministro

La causa federal constituye uno de los distintos frentes judiciales que involucran al exfuncionario, quien dejó el Ministerio de Transporte bonaerense en diciembre de 2024, en medio del avance de denuncias vinculadas con diferentes áreas de su gestión.

En La Plata, el fiscal Álvaro Garganta solicitó la elevación a juicio de D'Onofrio por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, en una investigación relacionada con el sistema de VTV. El expediente analiza el papel de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., empresa que administraba turnos y cobraba comisiones por las operaciones realizadas en las plantas verificadoras.

Según la acusación, la firma habría recaudado cerca de $5.000 millones en poco más de un año y su contratación podría haber sido acordada antes de que finalizara el proceso licitatorio.

También continúa bajo investigación una presunta maniobra vinculada con las fotomultas. Ese expediente analiza la actuación de gestores que habrían ofrecido reducciones irregulares para eliminar infracciones y busca establecer posibles vínculos económicos entre funcionarios y particulares.

A estos expedientes se sumó una observación del Tribunal de Cuentas bonaerense sobre el manejo de los recursos generados por la VTV durante 2024. El organismo cuestionó la registración de $8.533 millones en una cuenta general de recursos del Tesoro en lugar de una partida específica del sistema y mantuvo la responsabilidad administrativa de D'Onofrio por su condición de ministro durante el período auditado. La rendición fue aprobada, aunque con llamados de atención por las inconsistencias detectadas.

Otro de los antecedentes corresponde al Fondo Fiduciario Programa de Seguridad Vial y del Transporte (PROSEVITRA), creado para financiar políticas de seguridad vial y transporte. En su primer ejercicio auditado no registró ingresos percibidos ni movimientos de efectivo y cerró con una pérdida contable de $596 millones, explicada principalmente por resultados financieros, tenencia y ajuste por inflación. La documentación analizada no permitió establecer que ese resultado correspondiera a dinero efectivamente gastado.

Con los distintos expedientes todavía en etapas procesales diferentes, la novedad inmediata para D'Onofrio se encuentra en la Justicia Federal. Rechazado el último intento de la defensa para impedir la elevación, la causa por la Audi Q8 deberá ser ahora sorteada entre los tribunales orales federales de San Martín para avanzar hacia el juicio.