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Se trata de la reglamentación que apunta a capacitar a todos los agentes del Estado en cuestiones de violencia de género. La ley debe su nombre a Micaela García, militante del Movimiento Evita y víctima de femicidio en 2017.
La diputada provincial Lucía Portos, presentó el proyecto para que la provincia de Buenos Aires adhiera a la ley que busca la “formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública”.
Se trata de la ley sancionada a fines de 2018, que lleva el nombre de Micaela García, joven de 21 años que militaba en la agrupación Movimiento Evita de Gualeguay, Entre Ríos, y que luego de salir una noche a bailar, ya no volvieron a verla. Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta, convirtiéndose en una víctima más de los 295 femicidios registrados durante 2017.
Portos sostiene que “en el marco del crecimiento del movimiento de mujeres en Argentina, gracias al cual las manifestaciones más brutales de violencia patriarcal tomaron mayor resonancia política, se logró visibilizar la ausencia de medidas y programas del Estado en razón de cumplir con sus compromisos internacionales sobre este tema”.
Esa presión social de las mujeres organizadas consiguió llevar al Congreso de la Nación el proyecto que tiene por objeto principal “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación, ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones”.
Para la diputada, la capacitación no puede ser entendida “como una mera elección de preferencia personal, sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió el Estado argentino al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. La misma establece que los Estados parte fomentarán “la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.
Asimismo, Portos sostiene que “resulta necesario que en los tres poderes que integran el Estado de la provincia se lleve adelante la sensibilización y capacitación con perspectiva de género, entendiendo que implica un paso previo indispensable para que se aborde de forma adecuada la gestión de políticas de prevención y asistencia para erradicar la violencia de género en todos sus aspectos”.
Los gastos que demande la presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.
[blockquote footer=""] “Resulta necesario que en los tres poderes del Estado se lleve adelante la sensibilización y capacitación con perspectiva de género”[/blockquote]
“Con el propósito de cumplir con el objeto de esta ley, deberá también asignarse partidas presupuestarias razonables y suficientes, dado que sin un instrumento acorde las leyes que se sancionan en las cámaras legislativas serán enunciados declarativos con un mero valor simbólico”, cerró la pilarense.
Implicancias de la ley
La sanción de esta ley implica formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, la cual será obligatoria. Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, y los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años de capacitación, ya que su incumplimiento significará sanciones y será un obstáculo en la búsqueda de un ascenso.
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