La Corte Suprema rechazó la apelación de Ducoté y deberá enfrentar un juicio oral

El exintendente pilarense Nicolás Ducoté deberá enfrentar un juicio oral y público luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara la apelación que había presentado ante la acusación del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”, por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras del Municipio.

Cabe recordar que el procesamiento había sido dictado a principios de julio del 2021 por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y dispuesto sin prisión preventiva, aunque incluyó un embargo de 100 millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Ducoté y otros funcionarios que fueron parte de su gestión en el distrito.

Ahora, ante el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a la apelación presentada por la defensa que buscaba se declare incompetente al fuero federal para que la investigación vuelva a fojas 0, se dejó firme la decisión de González Charvay, y el exjefe comunal deberá afrontar en 2023 un juicio oral y público por el desvío de más de 460 millones de pesos de la administración nacional entre 2016 y 2019.

Asimismo, serán juzgados otros exfuncionarios: Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas; Juan Pablo Martignone, exjefe de Gabinete; Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar; Osvaldo Caccaviello, exdirector general de Calles y Red Vial; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA; y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.

En cuanto a la causa, la investigación comenzó en 2019 por la denuncia de la concejal Paula González, quien acusó a Ducoté de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante la administración de Mauricio Macri; en particular, de recursos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti.

Sin embargo, a esa acusación se sumó otra, vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio Monterrey de Derqui, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a un convenio celebrado entre el Municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para solventar mejoras en las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Se trata del caso conocido como “microcréditos”.