El escándalo por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con eje en una propiedad ubicada en Pilar que quedó en el centro de la polémica. Se trata de una vivienda adquirida por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, mediante un préstamo que, según denuncias periodísticas, no se ajustaría a los requisitos establecidos por la entidad.

La casa en cuestión está situada en el country Los Pilares, uno de los barrios privados de la zona norte bonaerense, y habría sido comprada por un valor cercano a los 300 mil dólares. De acuerdo a la información difundida, la propiedad cuenta con unos 200 metros cuadrados cubiertos, está construida sobre un lote de 880 metros y posee, entre otras comodidades, una amplia pileta. La ubicación en Pilar no es un dato menor: se trata de una de las zonas con mayor crecimiento inmobiliario en los últimos años, con desarrollos exclusivos que suelen estar asociados a altos ingresos.

La revelación fue realizada por el periodista Alejandro Bercovich en el canal C5N, quien aseguró que el funcionario habría utilizado una línea de crédito hipotecario destinada a primera o, en algunos casos, segunda vivienda, para adquirir lo que sería su tercera propiedad. Según explicó, Furiase ya poseería al menos dos inmuebles en Ramos Mejía, registrados en su declaración jurada.

"Lo más grave es que no se trata ni siquiera de una segunda vivienda, sino de una tercera", sostuvo Bercovich, quien además puso en duda la equidad en la asignación de estos préstamos. En ese sentido, remarcó que se trata de líneas de financiamiento pensadas para resolver el acceso a la vivienda, pero que en la práctica estarían siendo aprovechadas por funcionarios de alto rango.

El crédito otorgado a Furiase habría sido de aproximadamente 280 mil dólares, equivalentes a más de 300 millones de pesos, y se habría tramitado en 2025, cuando el actual secretario de Finanzas se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina. Este punto es uno de los ejes de las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py, ya que el BCRA es el organismo encargado de regular el sistema financiero, incluido el propio Banco Nación.

La posible existencia de un conflicto de intereses también se vincula con el contexto en el que se habría gestionado el préstamo. Según trascendió, la tramitación comenzó entre junio y julio de 2025, en medio de decisiones del Banco Central que impactaron en el mercado financiero, como la liberación de instrumentos que derivaron en una fuerte volatilidad y posteriores subas en las tasas de interés.

A esto se suma otro dato relevante: Furiase ya había tomado previamente un crédito hipotecario en 2017 con el Banco Ciudad, por un monto cercano a los 106 mil dólares. Este antecedente refuerza las dudas sobre su capacidad de acceso a nuevas líneas de financiamiento destinadas, en teoría, a sectores con mayores dificultades para acceder a la vivienda.

El caso de la casa en Pilar se inscribe en un escenario más amplio, en el que ya se acumulan al menos diez denuncias judiciales y dos causas abiertas para investigar el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei. La Justicia busca determinar si existieron irregularidades o trato preferencial en la adjudicación de estos préstamos.

En medio de la controversia, Milei salió a respaldar públicamente a los funcionarios involucrados. En una entrevista, relativizó las críticas al plantear que la toma de créditos no implicó la vulneración de derechos fundamentales. "¿Haber tomado ese crédito mató gente?", se preguntó, al tiempo que sostuvo que tampoco se afectaron la libertad ni la propiedad.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también defendió la legalidad de las operaciones. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral", afirmó, y consideró que es "lógico" que los funcionarios accedan a estos beneficios a través del banco donde perciben sus salarios.

Sin embargo, la lupa sigue puesta sobre el caso, especialmente por el contraste entre el objetivo original de estas líneas de crédito y su utilización por parte de altos funcionarios. En ese marco, la casa en Pilar se convirtió en un símbolo del debate: una propiedad de alto valor en un barrio privado que, lejos de despejar dudas, profundiza las preguntas sobre los criterios de acceso al financiamiento público.