El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, presentó este lunes un extenso descargo ante el fiscal Álvaro Garganta en el que rechazó de manera categórica las acusaciones que lo señalan como responsable de presuntas maniobras irregulares en la concesión del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La presentación se da en el marco de una investigación judicial que también busca determinar la existencia de un entramado de abogados y funcionarios que habrían intervenido para reducir o anular multas de tránsito captadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.

En un escrito de 25 carillas, D'Onofrio sostuvo que el proceso licitatorio fue "legal, público e internacional" y que contó con el aval de los organismos de control y asesoramiento correspondientes. En ese sentido, negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones y afirmó que no existieron beneficios indebidos para las empresas que obtuvieron los talleres verificadores en 2024, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

La causa que instruye el fiscal Garganta pone el foco en un sistema que impacta directamente en millones de conductores bonaerenses. Actualmente, más de 4 millones de vehículos registrados en la provincia están obligados a realizar la VTV y a abonar, como mínimo, $79.640 por revisión en el caso de autos particulares.

Para la fiscalía, el pilarense habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y diseñado un mecanismo de retornos a través de una firma contratada para la gestión de turnos y cobros online del servicio.

El rol de la empresa "turnera"

Uno de los ejes centrales de la investigación es la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., empresa encargada del otorgamiento de turnos de manera virtual. Según la acusación, esta firma habría funcionado como una intermediaria para el presunto cobro de coimas, ya que las concesionarias debían abonarle inicialmente un 3% y luego hasta un 8,5% más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de concesión.

Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa que iría desde aproximadamente $2.500 en el caso de la VTV de un auto particular hasta unos $11.000 para vehículos de transporte. En su descargo, D'Onofrio defendió la incorporación de este sistema y sostuvo que la implementación de tecnología resultaba necesaria para mejorar la transparencia y la trazabilidad del servicio. Además, negó de forma categórica cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como nexo clave en la causa.

Mientras tanto, el fiscal Garganta citó a declarar en los próximos días a los propietarios y responsables de las siete empresas que recibieron las licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia, incluido el propio Decio. En paralelo, avanza la investigación por el presunto armado de un esquema de manipulación de fotomultas, que habría contado con la connivencia de jueces de faltas ubicados en cargos estratégicos.

Si bien D'Onofrio continúa en libertad, su situación judicial se presenta compleja. Semanas atrás, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo procesó por presunto lavado de activos, ordenó un embargo por 350 millones de pesos y dispuso la inhibición general de todos sus bienes.