El exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio deberá enfrentar un juicio oral acusado de lavado de dinero en una causa que investiga la adquisición de una camioneta de alta gama presuntamente comprada con fondos de origen ilícito. La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien dio por concluida la investigación y elevó el expediente a juicio.

Junto a D'Onofrio también será juzgado Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Provincia y hombre de estrecha confianza del exfuncionario.

La causa gira en torno a una camioneta Audi Q8, dominio AE554ZD, que figuraba registrada a nombre de Asensio, aunque, según la investigación judicial, era utilizada habitualmente por D'Onofrio. Para el magistrado, Asensio habría actuado como testaferro con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad del vehículo y disimular el patrimonio del entonces ministro.

"Actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D'Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos", sostuvo Charvay al dictar el procesamiento, una medida que luego fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y la Cámara de Casación.

La elevación a juicio está directamente relacionada con otra investigación que avanza en la Justicia provincial. Allí, el fiscal Álvaro Garganta solicitó que el pilarense también sea sometido a juicio por presuntas irregularidades en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Según la acusación, varias empresas concesionarias habrían sido obligadas a contratar a una firma vinculada al exministro para administrar el sistema de turnos. Esa empresa, sin antecedentes en el sector tecnológico, habría recaudado cerca de 5.000 millones de pesos en poco más de un año.

La Justicia sospecha que parte de esos fondos podrían haber sido utilizados para la compra de la camioneta investigada. Además, Garganta también analiza otra presunta maniobra relacionada con una red de gestores que ofrecían descuentos de hasta el 50% para eliminar multas de tránsito, esquema que habría contado con la participación de jueces de faltas.

Al justificar la elevación a juicio, Charvay sostuvo que la acusación no se basa en un único delito precedente, sino en un conjunto de investigaciones y circunstancias que, analizadas de manera integral, permiten sostener la existencia de actividades ilícitas capaces de generar los fondos utilizados en la operación bajo sospecha.

Durante la investigación también se analizaron otros bienes de lujo vinculados a D'Onofrio y a personas de su entorno. Parte de la información fue remitida desde España a través de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Entre los nombres mencionados en el expediente aparece la concejal pilarense Claudia Pombo, cercana al exministro, quien había constituido en España una sociedad junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi para explotar dos restaurantes. De acuerdo con la investigación, ambas sociedades fueron disueltas poco después de que trascendieran las sospechas judiciales.

Para justificar la compra de la Audi Q8, Asensio presentó un contrato de mutuo por 30 millones de pesos con la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA, una sociedad creada poco antes de la operación y puesta a nombre de sus padres. Sin embargo, para la Justicia se trató de una maniobra destinada a encubrir el verdadero origen de los fondos.

De esta manera, D'Onofrio se encamina a enfrentar un juicio oral en el que se buscará determinar si el dinero utilizado para adquirir el vehículo provenía de las presuntas maniobras irregulares investigadas durante su gestión al frente del Ministerio de Transporte bonaerense.