El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, continúa en funciones mientras la Justicia avanza en una causa que lo investiga tras una denuncia por presunto lavado de dinero en un esquema de coimas relacionado con las fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil del funcionario, así como de su entorno cercano, para analizar posibles maniobras ilegales.
La causa se originó tras una denuncia presentada por el presidente de Secutrans, empresa proveedora del sistema de fotomultas, que reportó pérdidas de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a una supuesta red de gestores que cobrarían comisiones de hasta el 50% para borrar infracciones del sistema. Según la resolución del juez, se investigará si los imputados incrementaron injustificadamente su patrimonio mediante maniobras ilegales en el ejercicio de la función pública.
Entre los involucrados también figuran Claudia Pombo, concejal y expresidente del HCD de Pilar, su hija, Agustina Cuadra; Roxana Elma Pombo, hermana de Claudia y funcionaria del ministerio; Facundo Asencio, director provincial de la VTV; y Mario Quattrochi, juez de faltas señalado por presuntamente anular multas a cambio de sobornos.
Pese al avance judicial, desde la gobernación bonaerense brindaron su apoyo a D’Onofrio. “El ministro no está imputado ni procesado, y confiamos en que la Justicia aclarará esta situación”, señalaron. En línea con esta postura, Kicillof y D’Onofrio compartieron recientemente actividades oficiales en San Martín y Carmen de Patagones.
La investigación continúa con pedidos de colaboración internacional, análisis de posibles movimientos en criptomonedas y una revisión exhaustiva de cuentas bancarias desde fines de 2021. El juez González Charvay buscará determinar si los bienes en circulación de los imputados provienen de actividades ilícitas.
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