Son varias las denuncias presentadas ante la Justicia en relación a la administración del ex intendente Nicolás Ducoté, pero esta semana el foco se ha puesto particularmente en lo que tiene que ver con una serie de obras que se habían pensado para el barrio Monterrey de Presidente Derqui.
En 2016, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda firmó un convenio con la Municipalidad de Pilar para la realización de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en diversos barrios del distrito.
Para el caso particular de Monterrey, el Ministerio del Interior realizó un aporte de 143 millones de pesos, que luego fue ajustado a 120 millones, con el objetivo de trasformar completamente el barrio mediante una obra integral para dotarlo de agua corriente, cloacas, luminarias, bacheo de los asfaltos, ionizado de las calles secundarias, renovación estructural de cinco plazas, creación de corredores aeróbicos y realización de trabajos hidráulicos para evitar inundaciones, entre otras obras.
Pero las obras nunca se terminaron, y el caso aterrizó en la Justicia Federal en plena campaña electoral. Hace un mes, la causa pasó a la Justicia Provincial y la investigación parecía diluirse, sin embargo, un informe reciente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) dado a conocer por Infobae, denuncia que “se fraguaron certificaciones de obra y que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales”.
En ese sentido, se apunta a que se fueron certificando los plazos pese a que los vecinos no tenían las obras prometidas. Según el informe de la PIA, “lo descripto corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”.
De esta manera, la investigación avanza y compromete a los miembros de la pasada gestión municipal, tanto como a funcionarios nacionales, ya que como indicaron fuentes judiciales, se ha podido constatar que las empresas que participaron de la licitación se han hecho de los fondos que estaban destinados a mejorar la calidad de vida de los derquinos, pero las obras no se hicieron y ese dinero ya no se encuentra disponible.
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