Caputo criticó a Achával tras el fallo que frena la resolución sobre tasas en facturas de servicios

El ministro de Economía, Luis Caputo, arremetió este miércoles contra el intendente de Pilar, Federico Achával, a través de su cuenta de X, luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictara una medida cautelar que frena temporalmente la resolución del gobierno nacional que impide a los municipios cobrar tasas a través de las facturas de servicios públicos.

Caputo expresó su descontento con el fallo, publicando: "Qué raro un intendente kirchnerista ‘apelando’ a la justicia local para continuar estafando a sus vecinos! Toda una novedad!!". Esta publicación se produjo poco después de que el juzgado aceptara el pedido de la Municipalidad de Pilar para suspender la Resolución N° 267/2024 del Ministerio de Economía, la cual afecta la potestad municipal para incluir tasas en las boletas de servicios de empresas como Edenor y Naturgy BAN S.A.

El conflicto se originó cuando la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía emitió una resolución que, en línea con la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, establece que las facturas de servicios no pueden incluir conceptos ajenos a los bienes o servicios contratados por los usuarios, salvo información de carácter general. Esto implicaba que los municipios dejarían de percibir tasas como la de Servicios Generales o la de Inspección de redes de gas, las cuales se sumaban a las boletas emitidas por las empresas prestadoras de servicios.

El juez González Charvay consideró que los argumentos presentados por el Municipio de Pilar tienen un grado de verosimilitud suficiente para conceder una "cautelar interina", que suspende la aplicación de la medida hasta que se resuelva de manera definitiva. En su fallo, subrayó la importancia de estos fondos para el mantenimiento de servicios esenciales como el alumbrado público y las inspecciones de redes de gas, cuya seguridad es prioritaria.

El Ministerio de Economía tiene un plazo de tres días para presentar un informe justificando la legalidad y necesidad de la resolución suspendida, lo que reaviva un debate sobre la autonomía de los municipios y su capacidad de cobrar tasas que afectan directamente a los usuarios de servicios públicos.

Este fallo se produce en un contexto en el que varios municipios, como el de Lanús, han comenzado a ajustar sus tasas municipales en respuesta a la caída de ingresos propios y la reducción de transferencias del gobierno nacional.