El médico urólogo Pablo Atchabahian, detenido en Mendoza por su presunta participación en el entramado de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicitó a través de su defensa el fin de la prisión domiciliaria. El pedido fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, los mismos que patrocinan al ex juez Walter Bento.

El planteo, elevado este lunes al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, requiere el cese de la medida o, en su defecto, su sustitución por otra cautelar menos gravosa, como la prohibición de salir del país y el pago de una caución. Los defensores argumentaron que el médico tiene arraigo en Mendoza -donde reside actualmente- y que se encuentra en pleno ejercicio de su actividad profesional, por lo que no existiría riesgo de fuga.

Atchabahian fue detenido el viernes de la semana pasada en su vivienda ubicada en un barrio privado de Luján de Cuyo. Según la investigación, el exsecretario de Salud de Pilar habría sido el nexo clave entre la ANDIS y determinadas droguerías y laboratorios, direccionando contrataciones y compras de medicamentos de alto costo, conducta que -según la fiscalía- permitió la aplicación de sobreprecios y el pago de coimas.

Cuestionamientos de la defensa

En el escrito presentado ante el juez Casanello, los abogados criticaron duramente el dictamen del fiscal Franco Picardi. Afirmaron que, pese a que el documento fiscal abarca casi 300 páginas, "no brinda la más mínima referencia al delito o grado de participación que se le atribuye" al médico. Acusaron además al Ministerio Público de sostener su pedido de detención en "argumentos inexactos y conjeturales", como la interpretación de una frase telefónica en la que Atchabahian dijo que "por una cuestión personal trato de no abrir mensajes, ni nada". Para la fiscalía, ese comentario evidenciaba la intención del imputado de mantenerse al margen de la investigación; para la defensa, se trató de una expresión "de prudencia", desligada de lo procesal.

Los abogados también remarcaron que, hasta el momento de la detención, Atchabahian no había sido constituido formalmente en el expediente ni había recibido notificaciones, y adelantaron que el médico -quien inicialmente no declaró- se presentará a hacerlo cuando la defensa termine de analizar la causa.

Fragueiro Frías y Salvarezza sostuvieron además que, con su detención e indagatoria en Mendoza, Atchabahian ya se encuentra "a derecho" y en una situación procesal incluso más clara que la de otros imputados, por lo que no habría motivos para mantener la prisión domiciliaria.

La causa por coimas y direccionamiento de compras

El fiscal Picardi acusa a Atchabahian de haber tenido un rol central en un presunto esquema ilícito dentro de la ANDIS que, según sostiene, operó como "una ventanilla de pagos millonarios y direccionados", con adjudicaciones efectuadas por fuera de los procedimientos legales y sin respetar los principios de transparencia, concurrencia ni publicidad.

El entramado, según la investigación, incluyó el direccionamiento del sistema de compras de insumos y medicamentos hacia proveedores vinculados con funcionarios; la intervención de agentes externos que influían en la toma de decisiones; la manipulación del sistema de pagos; y la aplicación de sobreprecios. A cambio, se habrían pagado coimas para habilitar estas maniobras.

Uno de los señalados como figura clave en este esquema es Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, subordinado y amigo personal de Atchabahian durante su paso por la ANDIS entre 2018 y 2019.

En los próximos días están previstas nuevas indagatorias: este martes debía presentarse el empresario Miguel Ángel Calvete; el miércoles lo hizo el ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo; y el hoy será el turno de Garbellini. Una vez cumplidas estas instancias y con el dictamen del fiscal, el juez Casanello definirá la situación procesal de Atchabahian.

El perfil del médico detenido

Pablo Atchabahian es oriundo de Pilar, aunque reside desde hace años en Mendoza. Especialista en urología, ejerce la práctica privada y fue director médico de la clínica Santa Clara.

En el sector público tuvo una extensa trayectoria: fue secretario de Salud en Pilar, subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, y director de Asistencia Directa en el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. En 2018 desembarcó en la ANDIS, donde estuvo al frente del programa Incluir Salud hasta el final del gobierno de Mauricio Macri.

Tras su paso por la función pública se dedicó al ámbito privado, incluyendo una vinculación con el laboratorio Roche mencionada en el dictamen fiscal.

Ahora, su futuro inmediato depende de la decisión del juez Casanello, quien deberá resolver si mantiene o no la prisión domiciliaria mientras avanza la causa por supuestas coimas y sobreprecios en la agencia encargada de las políticas para personas con discapacidad.