La concejal del PRO, Adriana Cáceres, continúa caminando los barrios de todo el distrito y llegó, una vez más, a El Rocío en Manuel Alberti para charlar con los vecinos que, hace tiempo, enfrentan la problemática de un grupo de personas que han tomado posesión de una calle, según fue denunciado.
Se trata de dos cuadras de San José, entre Salta y Misiones, y la edil indicó que “unos vivos se quieren quedar con una calle entera”. “Intentaron tomar una calle pública que ya no es transitable porque le volcaron montañas de tierra y hasta la cerraron con un alambrado que los mismos vecinos tuvieron que quitar”, explicó la concejal.
“El Municipio no resguarda el espacio público, por acción u omisión son cómplices”, planteó y añadió que “los vecinos hicieron presentaciones ante el Municipio, pero aún no tienen respuesta”.
Cáceres, tomando el reclamo vecinal, presentó una nota en la que pide al Municipio una intervención urgente ante la “usurpación y ocupación ilegal” de las dos cuadras, vitales “para el paso de servicios y emergencias”.
En ella detalla que los vecinos presentaron previamente un documento y enumera las acciones tomadas por los presuntos usurpadores, como arrojar tierra y colocar el alambrado, asegurando que “cada una de estas acciones ilícitas fueron puestas en conocimiento de la delegación y de los representantes de la subsecretaria a cargo de la zona, quienes se hicieron presentes en reiteradas veces y prometieron retirar los montículos de tierra para volver a habilitar la calle. Pero estos trabajos quedaron en eso, solo promesas”.
“Desde entonces, empeoró aún más la situación en el barrio, dado que además de que los vecinos tienen que estar alertas ante las visitas de los usurpadores y tener esa cuadra inviable para el tránsito, al desparramarse la tierra que volcaron sobre la misma taparon las zanjas y caños de intersección en las esquinas, generando inundaciones en cada lluvia”, añade el documento.
Finalizando pide al Municipio que “de manera inmediata libere la calle San José del barrio El Rocío” y al intendente que “en su carácter de jefe del Ejecutivo comunal arbitre los medios para resguardar los espacios y el patrimonio público y privado de los vecinos”.
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