El intendente Federico Achával participó ayer del encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, en el que se anunció que la Provincia de Buenos Aires pasará a contar con un punto más de coparticipación, recursos que se destinarán a los municipios y fuerzas de seguridad bonaerenses, a partir de un fondo de fortalecimiento financiero.
La decisión del Gobierno nacional se tomó en torno a la protesta policial por mejores sueldos y condiciones laborales, que tomó fuerza esta semana con caravanas y sirenazos y que ayer llegó hasta la residencia presidencial de una gran cantidad de efectivos policiales de la Bonaerense rodearon la quinta de Olivos y generaron rechazos y preocupación de todo el arco político.
Por ello, Alberto Fernández convocó a una reunión urgente con el gobernador Axel Kicillof e intendentes de la Primera y Tercera Sección Electoral para poder destrabar el conflicto.
“Acompañamos a Alberto Fernández y a Axel Kicillof hoy en Olivos junto a los intendentes del AMBA, con el fuerte compromiso de que el diálogo es el único camino posible para salir adelante. Nuestro Presidente ha mostrado una vez más que sabe escuchar, sabe de consensos y sobre todo de sensatez. Como hoy, los seguiremos acompañando en este camino de poner a la Argentina, la provincia y a Pilar de pie”, dijo Achával.
El Intendente destacó que “la decisión de Alberto de aumentar la coparticipación a la Provincia es un paso clave en el camino de recuperar una distribución más justa, lo cual es indispensable para que podamos garantizar derechos a los bonaerenses. Como bien ha dicho el Presidente, en los últimos años la Provincia ha crecido y sus recursos han disminuido: es una deuda histórica, que es posible saldar en un país federal que empiece por los últimos para llegar a todos”.
Achával enfatizó: “Queremos un país, una provincia y un Pilar en donde la salud, la seguridad, la educación, la posibilidad de salir adelante, sean un derecho de todos; derechos a garantizar por el Estado”. Finalmente, se refirió a los hechos de público conocimiento al señalar que “un reclamo justo, de una situación compleja agravada por la desidia del gobierno anterior, que recae sobre un sector esencial, no justifica la implementación de métodos violentos y extorsivos, que deben ser fuertemente repudiados”.
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