Usurpó casas de Lázaro Báez e hizo estafas con la venta de terrenos, fue condenada

Dos personas fueron condenadas recientemente por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 en una serie de causas por estafas y asociación ilícita, que involucró la usurpación de inmuebles y terrenos en la ciudad de Pilar, y otros puntos de la provincia.

El tribunal, compuesto por Gonzalo Aquino, Alberto Ortolani, y Sebastián Hipólito Urquijo, condenó a Paola Andrea García, de 53 años y vecina del barrio Los Robles del Monarca en La Lonja, a 13 años de prisión, y a Javier Mariano Cadus, de 46 años, vecino del partido de Escobar a dos años.

El juicio, que comenzó el 22 de abril y se extendió hasta el 30, buscaba determinar la culpabilidad en nueve hechos de estafas, que se relacionaban con el de asociación ilícita, en el caso de García, y en el de Cadus, por estafa y usurpación de inmueble, en tres hechos distintos.

Todo comenzó, según establece la sentencia a la que accedió Resumen, el pasado 30 de octubre del 2018 cuando una mujer “simulando ser apoderada del titular del inmueble en la calle Honduras 550 de Presidente Derqui ofrecía a la venta lotes del terreno de ese inmueble”.

Fue una mujer la que, cayendo en el engaño, abonó 78 mil pesos, 20 mil en el momento y el resto en cuotas que se extendieron hasta septiembre del 2019. Meses antes, el 17 de febrero de ese mismo año, en las oficinas de la calle Pedro Lagrave 269, la misma persona ofrecía a la venta esos terrenos, captando a otras dos víctimas que otorgaron 300 mil pesos, 60 mil en el momento y el resto, en cuotas hasta el 2020.

En abril del 2018, otra persona era víctima y le otorgaba a la presunta propietaria 145 mil pesos, 30 mil en el momento y el resto, hasta noviembre del 2019 en cuotas. En enero del 2019, estafaban a otra persona por 163 mil pesos, con el mismo terreno, abonando la víctima 72 mil pesos en el acto y hasta junio del 2020, teniendo cuotas para pagar el resto.

En esa misma oficina pilarense, en febrero del 2019, otra mujer caía en el engaño y abonó 213 mil pesos, 90 mil en el momento y en cuotas hasta noviembre del 2019. 

Otro de los hechos data del mes de septiembre del 2014, cuando el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez “se contactó con un sujeto de sexo masculino, que posee una agencia de venta de vehículos automotores bajo 1a denominación comercial SYNERGYA” y acordó con ellos la compra de una camioneta Peugeot modelo Patagonia por 165 mil pesos.

Los bomberos, entonces, realizaron la entrega en parte de pago de una camioneta de la marca Ford modelo Ranger 2007 que “era propiedad de la misma institución cuya cotización fue convenida en $115.000, con más dos cheques de $25.000 cada uno que significaban la totalidad de1 precio convenido”. Si bien en 20 días se les prometió la entrega de la nueva camioneta, el hombre empezó a “realizar maniobras evasivas” y nunca se las entregó.

Otro de los hechos relevantes es la toma “mediante clandestinidad y engaño” de tres inmuebles pertenecientes a Austral Atlántica S.A, todos ellos ubicados en la localidad de Pinamar. Las propiedades, en las calles en Troya 753, Avenida del Libertador 4197 y Helades 327, pertenecían a la empresa de Lázaro Báez. La usurpación duró desde el 6 al 23 de enero del 2018.

En total, hubo al menos 13 personas que fueron damnificadas por la banda, en distintos aspectos y con diversas estafas, todas ellas, destinadas a quitarles grandes sumas de dinero.

El allanamiento, en el que se detuvo a García y a sus cómplices, ocurrió el 2 de septiembre del 2021 y se logró secuestrar dos cuadernos y un folio con “copias de cesión de derechos posesorios”, así como también un folio con 42 hojas y dos “informes nosis” emitidos por dos bancos, seis informes de titularidad de dominio y dos folios con 496 recibos “pagaré”, un folio con 17 convenios de pago “referente a la Municipalidad de Pilar”, contratos de compraventa, entre otros documentos, como carpetas, cesiones, teléfonos celulares, al menos cuatro chips distintos de empresas de telefonía, y más.

En cuanto a la culpabilidad, tras oír a los damnificados y testigos del juicio, Aquino –uno de los jueces– dejó claro en el documento al que accedió nuestro medio que las víctimas identificaron “de manera inequívoca y clara a Paola Andrea García como la persona del sexo femenino que cometiera las acciones en su contra a las que se refirieran en sus declaraciones”. “No encuentro motivos para dudar de sus afirmaciones”, agregó.

Por otro lado, en referencia a la declaración de García, quien aseguró tener “un poder legítimo del propietario” de los terrenos de Derqui, el juez indicó que “no se encuentra respaldado por la documentación pertinente”.

En cuanto a Cadus, en el hecho referente a bomberos, Aquino plantea que “ninguna duda cabe en cuanto a la autoría penalmente responsable”. “No podemos pasar por alto que Cadus en esta oportunidad burló la buena fe en el depositada en aquel entonces por una institución de bien público, lo que culminó en un detrimento del patrimonio de la institución”, suma.

“Cuanto menos desde el mes de enero del año 2018, y hasta el momento de su detención, la aquí imputada Paola Andrea García junto a varias personas -aún no individualizadas-, conformaron una verdadera asociación delictiva o empresa criminal, mediante un acuerdo previo entre ellos, concertando en forma organizada y de manera permanente la comisión de actos ilícitos determinados, estafas y usurpaciones en la provincia de Buenos Aires”, asegura el veredicto.

Cerrando, le impone a García la pena de13 años de prisión por “estafa reiterada en nueve oportunidades (…) violación de medios de prueba en grado de tentativa (…) asociación ilícita en calidad de jefe (…) usurpación de inmueble (tres hechos)” y a Mariano Javier Cadus a la pena de dos años de prisión por “estafa en concurso real con usurpación de inmueble”.