A raíz de las publicaciones difundidas en distintos medios locales en las últimas horas, una mujer identificada como Romina D. realizó un descargo público en el que negó haber cometido el delito de estafa por el cual se la menciona en una causa judicial reciente.

En su declaración, sostuvo que la información que circula "es incompleta" y que no refleja con precisión lo ocurrido, al tiempo que remarcó que la situación se encuentra actualmente en manos de la Justicia. En ese sentido, expresó su confianza en que el proceso permitirá esclarecer los hechos "como corresponde".

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de respetar la presunción de inocencia mientras se desarrolla la investigación. Según manifestó, la difusión del caso en los medios ya le generó un impacto negativo, no solo a nivel personal sino también en su entorno familiar.

La causa se inició a partir de la denuncia radicada por un empresario de 41 años, quien a fines de septiembre de 2025 detectó movimientos irregulares en su tarjeta de crédito. Según se desprende de las actuaciones, el damnificado recibió en su correo electrónico una confirmación de compra por un monto cercano a los 75 mil pesos, lo que despertó sus sospechas.

Ante esta situación, el hombre se comunicó con la entidad bancaria para desconocer el consumo y solicitar el bloqueo del plástico. Sin embargo, al recibir el resumen correspondiente, constató que no se trataba de un hecho aislado, sino de una serie de transacciones que no había autorizado. Con el correr de los meses, los gastos fraudulentos se multiplicaron y alcanzaron una cifra cercana a los 24 millones de pesos.

La mayoría de las operaciones fueron realizadas a través de plataformas de comercio electrónico y billeteras virtuales, lo que complejizó el rastreo inicial de los movimientos. No obstante, el trabajo conjunto con la fiscalía permitió reconstruir el circuito de compras y determinar los puntos de entrega de los productos.

Los investigadores lograron establecer que gran parte de los envíos tenían como destino un domicilio ubicado sobre la Ruta 28, dentro del barrio privado La Reserva. Allí residiría la acusada, de 44 años.

Romina D.  aseguró que siempre actuó de buena fe en el marco de su trabajo y que nunca tuvo la intención de perjudicar a terceros. En esa línea, indicó que existen aspectos de la situación que están siendo mal interpretados y que podrán ser explicados en el ámbito judicial correspondiente.

Por último, pidió evitar conclusiones apresuradas hasta que se conozcan los resultados de la causa, reiterando su confianza en que el tiempo permitirá aclarar lo sucedido.