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El juicio contra los responsables del centro de rehabilitación ubicado en La Lonja ha llegado a su fin. Este miércoles concluyeron los alegatos contra los responsables de Resiliencia San Fernando, en donde en febrero del 2022 fallecieron Nicolás Ezequiel Bisbal, José Nahuel Castaño, Rodrigo Ariel Moreno y Nicolás Claudio Ortiz en el incendio que sufrieron las instalaciones.
La fiscalía a cargo del caso solicitó para los responsables, penas de hasta 30 años de prisión, mientras que las familias de las víctimas exigieron que algunos de los acusados cumplan 35 años en prisión por lo ocurrido.
Los acusados son los directores Alan Emanuel Cambra Sarife y Alejandro Merenzon, la vicedirectora Eliana Marilin Wawrik y la administradora Alejandra Gisele Machado, imputados por los delitos de homicidio simple, reducción a la servidumbre, estafas reiteradas (en 13 hechos) y asociación ilícita; y Andrés Fabián Samsolo, en su calidad de psiquiatra y Alejandra Flavia General, psicóloga, imputados como coautores de esos delitos.
La decisión estará a cargo del Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Isidro, integrado por los jueces María López Ramos, Pablo Rolón y Silvestre Díaz y se conocerá la sentencia el próximo 29 de noviembre, a las 14.
“Me estafaron, se burlaron de mí, todo lo que dijeron era mentira”, sintetizó ante el tribunal la hermana de una de las víctimas. “Nos trataban como si fuéramos un perro”, “era tan miserable todo que dormían en el piso en un lugar lleno de telarañas”, “lo mandaban a perseguir a los chicos que se escapaban, los inyectaban y dejaban en un estado casi de inconsciencia”, fueron algunas de las situaciones que se escucharon, según detalló la agencia Andar.
Desde el mencionado medio indicaron que la Comisión por la Memoria (CPM) que interviene como particular damnificado institucional junto a los dos restantes particulares damnificados adelantaron que adhieren a la fiscalía en su acusación, pero que la CPM también propondrá que “en caso de que el Tribunal no encuentre probada la acusación principal, los hechos sean calificados como incendio doloso seguido de muerte y privación ilegal de la libertad agravada”.
La CPM a través de un informe dio a conocer lo que realmente ocurría en el lugar, detallando que “según los relatos preliminarmente obtenidos, los cuatros fallecidos y los sobrevivientes estaban sobremedicados con un coctel de psicofármacos que pudo dificultar la respuesta”. “Todas las ventanas tenían rejas, no había ningún matafuego en el edifico ni existía plan de contingencia ni salidas de emergencias”, añadieron.
“La comunidad estaba sobrepoblada, tenía denuncias previas por estos hechos y el fallecimiento de un joven el año pasado que no se investigaron. Las personas permanecían en aislamiento extremo durante más de 23 horas diarias, con castigos y un abordaje tratamental que no respetaba los principios de la ley de salud mental. No obstante, varios jóvenes estaban allí por órdenes de jueces que no controlan los lugares de alojamiento”, denunciaron.
Al momento del incendio, recapitularon, había 26 personas alojadas en San Fernando “en condiciones de aislamiento extremo, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos”.
Por otra parte, la Comisión informó que 18 de los 24 usuarios estaban alojados en tres habitaciones, pero que el resto estaba “en camas o colchones tirados en el suelo del living”.
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