Un productor de seguros confirmó ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que las pólizas correspondientes a medio centenar de autos de alta gama hallados en una casaquinta de Villa Rosa eran abonadas íntegramente en efectivo. La declaración se incorporó a la causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero y defraudación vinculado a supuestos testaferros de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La vivienda y los vehículos secuestrados figuran a nombre de la firma Real Central, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Conte, jubilada. Ambos quedaron en el centro de la investigación judicial, que apunta a determinar el origen de los fondos utilizados para sostener la operatoria diaria de la propiedad y de otros bienes bajo análisis, y a identificar a los verdaderos titulares y financistas.

El testimonio del broker de seguros resultó clave para la causa: aseguró que todas las pólizas de los automóviles eran pagadas en efectivo por ventanilla. A partir de esa información, el juzgado busca ahora establecer quién realizaba concretamente esos pagos y de dónde provenía el dinero. Según indicaron fuentes judiciales, el testigo se comprometió a aportar nueva documentación y precisiones en los próximos días.

Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Al momento de la denuncia, estaba inscripto como monotributista y registraba una deuda bancaria superior a los 2 millones de pesos. Su madre, Ana Conte, es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia llegó a percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

En el marco de la misma investigación, genera expectativa la próxima declaración de un contador que firmó una certificación contable que avalaba la legalidad del origen de los fondos utilizados para la compra de un Porsche valuado en unos 500 millones de pesos. Ese vehículo integra el lote de autos secuestrados en un galpón, cuyo valor total fue estimado en 3.861.100 dólares.

La Justicia ya determinó que los gastos de telepeaje de varios de los vehículos se abonaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, que fue dada de baja por orden judicial. Con ese mismo plástico también se pagaban servicios de suministro eléctrico en numerosos domicilios que, según la causa, serían ajenos a la actividad propia de la entidad deportiva, además de otros gastos personales de terceros.

El contador fue convocado a declarar luego de que una testigo -personal jerárquico del banco donde estaba radicada la cuenta de la sociedad- exhibiera ante el juez los movimientos bancarios y asegurara que el dinero nunca pudo haber salido de allí, por lo que la certificación presentada sería apócrifa. Tras esa exposición, el magistrado ordenó citar de inmediato al profesional firmante.

La pesquisa también se extendió al uso de helicópteros. El juez Aguinsky envió un requerimiento urgente a la empresa Flyzar de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos para que informe quiénes contrataron los vuelos de la aeronave matrícula LV-FKY desde o hacia el helipuerto de la quinta de Villa Rosa, desde el 25 de abril de 2025 a la fecha, y por qué medios de pago se cancelaron esos servicios. Además, solicitó detalles sobre la cobertura de seguros de la aeronave y la compañía aseguradora interviniente.

El magistrado también pidió precisiones sobre si los pasajeros eran identificados previamente, si existía la obligación de llevar un manifiesto de vuelo y, en caso contrario, qué mecanismos de identificación se aplicaban ante un eventual accidente. El pedido de informes se libró luego de que dos pilotos declararan que realizaron reiterados vuelos al helipuerto privado de la propiedad, pero que no recordaban haber trasladado pasajeros y que, en varias oportunidades, se trató de vuelos de entrenamiento.