Prisión preventiva para "Eluney", la viuda negra acusada de drogar y robar
Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, está acusada de integrar una organización dedicada a captar víctimas mediante redes sociales para luego drogarlas y desvalijar sus viviendas. La Justicia también dictó la prisión preventiva de uno de sus presuntos cómplices.
La Justicia de Pilar dictó la prisión preventiva de Lourdes Milagros Rodríguez, de 21 años, conocida como "Eluney", acusada de haber drogado a un hombre durante una cita en su departamento para facilitar el ingreso de una banda que terminó robándole dinero y numerosos objetos de valor. La misma medida fue dispuesta para Edwar Aníbal Castellano Montilla, señalado como uno de sus cómplices en el hecho ocurrido el pasado 24 de julio.
La resolución fue adoptada por el juez de Garantías Walter Seattone, quien consideró las pruebas reunidas durante la investigación para avanzar contra ambos imputados por los delitos de asociación ilícita y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, figuras que, según la información judicial difundida, contemplan penas de entre tres y diez años de prisión.
De acuerdo con la investigación, Rodríguez formaría parte de una organización delictiva dedicada a cometer robos mediante la modalidad conocida como "viuda negra". Su función dentro del grupo habría consistido en contactar hombres a través de redes sociales, establecer vínculos de confianza y concretar encuentros en los domicilios de las víctimas.
Una vez acordada la cita, los restantes integrantes de la organización realizaban tareas de inteligencia sobre el lugar elegido, analizaban los accesos y planificaban posibles rutas de escape. Según la hipótesis judicial, la banda estaba integrada por la joven y al menos cuatro hombres, tres de los cuales todavía no fueron identificados.
La maniobra consistía en que Rodríguez simulara interés afectivo o sexual para generar confianza y, una vez dentro de la vivienda, colocara psicofármacos en la bebida de su acompañante. Cuando la víctima perdía el conocimiento, la joven avisaba a sus cómplices para que ingresaran a la propiedad y se apoderaran de dinero y objetos de valor.
El episodio que permitió avanzar con la investigación ocurrió el 24 de julio, cuando la acusada llegó desde Presidente Derqui hasta un departamento de Pilar, a bordo de un vehículo contratado por el propio damnificado.
Según reconstruyeron los investigadores, el encuentro comenzó después de las 20.30. La pareja salió a realizar compras a un supermercado y posteriormente regresó al departamento, donde compartieron una cena con pizza, cerveza y vino.
Mientras tanto, los presuntos cómplices aguardaban en las inmediaciones a bordo de un Renault Logan, a la espera de recibir la señal para ingresar.
La investigación sostiene que, una vez que el hombre quedó bajo los efectos de los psicofármacos, Rodríguez abrió la puerta del inmueble con una llave y permitió el acceso de los delincuentes.
Los autores del robo se llevaron una computadora portátil, un teléfono celular de alta gama, una pequeña caja de seguridad azul, cuatro millones de pesos en efectivo, 1.500 dólares, una consola PlayStation 4 y dos perfumes, uno masculino y otro femenino.
Además, utilizando el teléfono de la víctima, realizaron una transferencia bancaria por 350.000 pesos. Tras concretar el robo, abandonaron el lugar.
El damnificado recién despertó alrededor de las 15 del día siguiente, completamente desorientado y sin comprender qué había sucedido. Según su declaración, el último recuerdo que tenía de aquella noche era haber mirado su teléfono celular cerca de la medianoche.
Al recuperar la conciencia, advirtió que la joven ya no se encontraba en el departamento y que habían desaparecido sus pertenencias.
La investigación posterior permitió reunir una serie de elementos que resultaron determinantes para reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer su presunta participación en el hecho.
Entre las pruebas consideradas por el juez Seattone se encuentran imágenes de cámaras de seguridad que registraron la presencia del Renault Logan en las inmediaciones del departamento antes y durante la noche del robo.
También se incorporaron informes del Centro de Monitoreo municipal, registros de lectores de patentes, datos de antenas de telefonía vinculados con el iPhone 14 Pro utilizado por Rodríguez e información de TelePASE y autopistas.
Una de las pruebas médicas más relevantes surgió del Hospital Sanguinetti de Pilar, donde se constató que la víctima había sufrido una intoxicación con benzodiazepinas, medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y pueden provocar somnolencia y alteraciones de la conciencia.
A estos elementos se sumaron fotografías de la escena del robo y grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado al que había concurrido la pareja, así como de una estación de servicio.
Los investigadores también tomaron declaración a un chofer que trasladó a la acusada desde José C. Paz hasta Presidente Derqui y al sereno del edificio donde ocurrió el hecho.
Este último relató que, cerca de las 23, observó cómo la joven le abría la puerta a un hombre y que aproximadamente una hora después ambos abandonaron el inmueble.
Por su parte, la víctima reconoció a Rodríguez tanto en las imágenes obtenidas del supermercado como durante una rueda de reconocimiento realizada en el marco de la causa.
La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Pilar, quienes realizaron allanamientos para reunir elementos vinculados con la maniobra.
Durante uno de los procedimientos, los agentes encontraron un gotero, un frasco que contenía polvo molido y un perfume masculino que fue identificado como uno de los objetos sustraídos al damnificado.
El hallazgo de estos elementos llevó a los investigadores a sospechar que la organización podría haber participado en otros episodios similares, aunque por el momento no se informó sobre nuevas imputaciones por hechos adicionales.
Con las pruebas incorporadas al expediente, el juez Seattone dispuso que Rodríguez, representada por el abogado Marcelo Ponce, y Castellano Montilla continúen detenidos mientras avanza el proceso judicial.
La causa permanece abierta y los investigadores buscan identificar a los otros tres presuntos integrantes de la organización, además de determinar si existen más víctimas de maniobras similares.

