El robo de caballos de polo y de salto en establecimientos rurales ubicados sobre ruta 28 entre Pilar y General Rodríguez no es una novedad. Las crónicas policiales dan cuenta que lejos de ceder, la modalidad delictiva ha crecido en los últimos meses.

El pasado mes de agosto, una vecina denunció el robo de tres yeguas y dos caballos de polo de un establecimiento cercano a General Rodríguez. La dueña continúa una desesperada búsqueda de sus animales, mientras denuncia indignada el recorrido habitual de las bandas delictivas que esquivan las cámaras de seguridad y operan a pocos metros de la policía rural.

Los malvivientes ingresaron a un campo ubicado dentro del haras La Quebrada, un criadero de caballos en Pilar que se encuentra a unos 5 kilómetros del barrio Marabó, en el límite con Rodríguez.

La víctima manifestó a medios periodísticos su profundo dolor ante la impunidad de estas bandas y la presunta inoperancia en la prevención. "Siempre que roban, sacan los caballos por el mismo lugar. El recorrido es el mismo, esquivan cámaras de seguridad. Les pasan al CPR (Comando de Prevención Rural - Policía Bonaerense) a pocos metros. Es una vergüenza", manifestó.

Otra de las denuncias llegó este mes tras el robo de un caballo de raza en la localidad de Villa Astolfi. La propietaria del animal, denunció penalmente el hecho luego de constatar la desaparición de su equino en el predio "La Guapeada Polo", ubicado en la intersección de la Ruta 25 y la calle Malvinas Argentinas, a escasos kilómetros del barrio Marabó.

Los partidos de General Rodríguez y Pilar aparecen dentro del mapa señalado por ACMA (Asociación Contra el Maltrato Animal) como "zonas calientes ", donde a diario se reciben denuncias de robo de caballos finos que tarde o temprano ingresan al circuito clandestino de faenamiento y venta de carne equina.

En este mapa no aparece un único delito. Desde el productor que encuentra el alambrado cortado, al centro de equinoterapia que pierde un animal. En la mayoría de los casos, el caballo se convierte en mercadería clandestina que el potencial consumidor podría comprar, engañado por comerciantes inescrupulosos del rubro.

El reclamo más fuerte de ACMA apunta también al funcionamiento de la investigación judicial. La entidad sostiene que existen propietarios que denuncian robos, localizan posteriormente a sus animales e incluso aportan domicilios y fotografías, pero las medidas judiciales pueden demorarse. Con un animal destinado a faena, unos pocos días pueden volver inútil un allanamiento.

ACMA advierte sobre grupos organizados que detectarían campos vulnerables, sustraerían varios animales y los trasladarían para su posterior faena. La denuncia pone el foco en la demora de las investigaciones y el destino final de la carne.

De todas maneras, aconsejan desde la entidad que, ante cualquier información fidedigna, de interés, o algún dato útil al respecto, los damnificados se comuniquen al 911 o con la comisaría más cercana. La organización reclama, además, fiscalías especializadas en delitos rurales y maltrato animal.

También propone aprovechar drones con visión nocturna para vigilar corredores rurales y detectar movimientos de animales durante las horas en que resulta más difícil la vigilancia en establecimientos rurales de la región.

Asimismo, el tema llegó a la Legislatura bonaerense. Existen iniciativas para crear figuras específicas vinculadas con intrusiones y vandalismo rural y propuestas orientadas a endurecer las consecuencias de la caza no autorizada dentro de establecimientos privados.