El Juzgado Federal de Campana recibió en las últimas horas una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una presentación que pone el acento en que los delitos investigados tendrían su origen en Pilar y en la zona norte del conurbano bonaerense. La particularidad del escrito es que el denunciante es un empresario pilarense, quien sostiene que ese anclaje territorial resulta determinante para definir la competencia judicial.

Si bien los hechos denunciados son, en apariencia, similares a los que salieron a la luz en la última semana -vinculados al 30% de comisión que habría cobrado la firma TourProdEnter LLC por los contratos de la AFA en el exterior-, la nueva presentación incorpora un elemento central: afirma que las maniobras investigadas se gestaron en Pilar y localidades cercanas, por lo que deberían ser investigadas en esa jurisdicción.

A partir de esta controversia, el juez federal de Campana Adrián González Charvay resolvió remitir el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que determine a qué juzgado le corresponde intervenir. Actualmente, la causa principal tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, subrogado por Luis Armella.

No es la primera vez que la Cámara de San Martín debe intervenir en una disputa de competencia vinculada a este entramado. El tribunal de apelaciones ya analiza otro conflicto entre jueces por la investigación de la mansión valuada en 20 millones de dólares ubicada en Villa Rosa, en una causa por presunto lavado de dinero que enfrenta al propio González Charvay con Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

El eje en Pilar

En la nueva denuncia presentada en Campana, el empresario pilarense que impulsa la acción judicial remarcó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366 de Pilar, según consta en el Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Ese dato, sostiene, refuerza la hipótesis de que los delitos investigados se originaron en nuestro distrito.

También se mencionó que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tiene domicilio en el country La Reserva de Cardales, en el partido de Campana. En tanto, Javier Faroni -empresario y ex diputado bonaerense- y su esposa Erica Gillette, titulares de TourProdEnter, residen en el barrio cerrado El Yacht, dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre.

Faroni y Gillette fueron citados a comparecer el próximo 19 de enero ante el juez Armella en Lomas de Zamora, instancia en la que se les informará formalmente la imputación y podrán brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos. El pedido de ampliación de la investigación fue impulsado por la fiscal Cecilia Incardona, en una causa que se originó a partir de la financiera Sur Finanzas y su titular Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.

El expediente pone bajo la lupa el rol de TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Florida en agosto de 2021, poco antes de la firma del contrato que la designó como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. Según el contrato hallado en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, la empresa se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, un esquema que la entidad madre del fútbol argentino defendió posteriormente en un comunicado oficial.

Además, la investigación incluye los pagos millonarios en dólares que habría realizado la empresa de Faroni a una firma de aviación privada que prestó servicios al presidente de la AFA.

Tras analizar la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas dictaminó que el presunto desvío de fondos a través de TourProdEnter debería seguir investigándose en Lomas de Zamora, al considerar que se trataría de los mismos hechos ya bajo análisis. En caso de entender que se trata de delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña, al descartar que los domicilios de Tapia y de la AFA estén radicados en la zona norte del conurbano.

Sin embargo, el juez González Charvay resolvió este lunes que "no ha habido una investigación sobre los hechos" denunciados recientemente, por lo que consideró prematuro enviar el expediente a Lomas de Zamora en esta instancia. La definición final sobre la competencia ahora quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si el eje de la causa queda definitivamente anclado en Pilar y la zona norte o si continúa su trámite en otra jurisdicción.