Un grupo de vecinos de Pilar y otras localidades de la provincia denunció haber sido víctima de un presunto esquema de inversiones que habría generado pérdidas por cientos de millones de pesos. Según los damnificados, más de 70 familias resultaron afectadas por una operatoria que prometía rendimientos mensuales de entre el 40% y el 51%, dependiendo de la modalidad ofrecida.

De acuerdo con los testimonios recabados por los denunciantes, el mecanismo era promocionado desde hace aproximadamente dos años por personas vinculadas a un comercio de indumentaria de Villa Rosa. Las propuestas de inversión eran difundidas mediante mensajes de WhatsApp, publicaciones y estados en redes sociales, donde se ofrecían ganancias muy por encima de las alternativas financieras tradicionales.

"Al principio cumplían con los pagos y las ganancias prometidas. Eso generó confianza y llevó a que cada vez más personas invirtieran sumas mayores", relató una de las damnificadas.

Según explicaron, las colocaciones podían realizarse a partir de los 100.000 pesos y se efectuaban mediante transferencias a billeteras virtuales, principalmente Mercado Pago y Ualá. También se habrían recibido aportes en efectivo.

Los denunciantes aseguran que durante los primeros meses las rentabilidades eran abonadas regularmente, pero que con el correr del tiempo comenzaron las demoras hasta que, finalmente, los pagos dejaron de efectuarse.

En uno de los mensajes difundidos para promocionar las inversiones, se buscaba transmitir confianza a potenciales interesados y se descartaba cualquier relación con esquemas piramidales o sistemas informales de captación de fondos.

Sin embargo, los afectados sostienen que desde mayo de este año comenzaron a detectarse incumplimientos generalizados. A partir de entonces, aseguran que los responsables argumentaron distintos inconvenientes personales y de salud para justificar las demoras, hasta que dejaron de responder los reclamos.

Denuncias judiciales y perjuicios millonarios

Los damnificados afirman haber presentado denuncias penales acompañadas por comprobantes de transferencias, conversaciones, mensajes y diversa documentación relacionada con las operaciones realizadas.

Una de las presentaciones judiciales a las que tuvo acceso Resumen fue radicada ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Pilar. Allí se describe el caso de una persona que comenzó a invertir en noviembre de 2025 y que, tras recibir algunas ganancias iniciales, dejó de percibir los pagos comprometidos. Según consta en la denuncia, el perjuicio económico ascendería a 3.850.000 pesos.

Los denunciantes sostienen que el monto total comprometido podría ubicarse entre los 200 y los 300 millones de pesos, aunque esa cifra deberá ser determinada por la investigación judicial.

En un comunicado difundido por los afectados, señalaron que las víctimas pertenecen a distintos sectores sociales y que entre ellas hay trabajadores, comerciantes, jubilados y familias que invirtieron ahorros de años.

"Hay personas que vendieron terrenos para invertir, otras que sacaron préstamos que todavía están pagando, personas que perdieron sus vehículos y familias que entregaron el dinero de toda una vida de esfuerzo", expresaron.

También remarcaron que entre los perjudicados existen casos especialmente delicados desde el punto de vista social y sanitario. Según manifestaron, una mujer que atraviesa un tratamiento oncológico habría perdido fondos que estaban destinados a su atención médica.

Alcance regional

De acuerdo con el grupo de denunciantes, las personas afectadas residen en localidades como Villa Rosa, Pilar, Matheu, Zelaya, Luján, Escobar, San Fernando, San Isidro y otras zonas de la provincia de Buenos Aires.

Además, aseguraron que continúan recibiendo consultas y testimonios de posibles damnificados que aún no formalizaron sus denuncias.

En el comunicado difundido públicamente, los vecinos identificaron a tres personas que, según sostienen, estarían vinculadas a la operatoria denunciada. No obstante, hasta el momento las acusaciones se encuentran bajo investigación judicial y no existen resoluciones que determinen responsabilidades penales.

"Necesitamos que esta historia se conozca. No queremos que nadie más pase por lo mismo. Pedimos justicia, que los responsables den la cara y que las familias afectadas puedan recuperar la esperanza de obtener una respuesta", expresaron los denunciantes.

La causa se encuentra ahora en manos de la Justicia, que deberá analizar la documentación presentada y determinar si existieron delitos vinculados a la captación de fondos, incumplimientos contractuales u otras figuras penales contempladas por la legislación vigente.