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El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, que debía comenzar el 1 de junio con el vecino Nicolás Pachelo y dos vigiladores imputados como presuntos coautores del asesinato ocurrido hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, podría postergarse a partir de una serie de planteos de los fiscales que recusaron al tribunal por su presunta “pérdida de imparcialidad” y pidieron nulidades, informaron hoy fuentes judiciales.
Las presentaciones fueron realizadas por los tres fiscales que ya estaban designados para llevar adelante la acusación en el debate, Andrés Quintana, Matías López Vidal y Federico González, contra los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.
El fiscal general de San Isidro, John Broyad, además dispuso que para este juicio se incorporen otros dos fiscales de amplia trayectoria: uno de sus adjuntos, Patricio Ferrari, y Diego Callegari.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) argumentaron como eje central para la recusación la “pérdida de imparcialidad” de los magistrados y lo fundamentaron cuestionando una serie de decisiones que tomó el TOC 4.
Entre ellas, enumeraron el recorte de testigos propuestos por la fiscalía, la división de los juicios que enfrentará Pachelo -primero por el caso García Belsunce y después por una serie de robos en countries, algo que los fiscales pretendían que se haga en conjunto-, o la presunta irregular designación del tercer juez para este debate, Andrejin, sin seguir los canales formales.
"Se optó deliberadamente por privarnos de la facultad de interrogar a las víctimas de diferentes hechos de robo en los que participara el encausado Pachelo, previos y posteriores al hecho principal”, indicaron los fiscales en su planteo, al que tuvo acceso Télam.
También cuestionaron que “antojadizamente o sin explicaciones, el orden de los juicios mutó sin fundamento alguno y casi por arte de magia", en referencia a que en noviembre de 2021 el TOC 4 había decidido empezar por el juicio de los robos que lo tiene preso a Pachelo desde 2018 y luego por el del crimen en Carmel, pero finalmente en abril pasado, cambió de decisión y ordenó empezar el 1 de junio con el debate por el homicidio de García Belsunce.
El MPF también denunció en su planteo que fue “hostigado” por el Tribunal para arribar con la defensa de Pachelo a un acuerdo de juicio abreviado en la causa de los robos que lo tiene preso con prisión preventiva, algo a lo que los fiscales se opusieron.
La recusación –que ya fue rechazada por el TOC 4 pero ahora deberá tratar la Cámara de Apelaciones- fue acompañada por una doble ofensiva en la que el MPF de San Isidro planteó una serie de nulidades de actos procesales adoptadas por el tribunal, fundamentado en la intervención anterior de un juez –Alberto Gaig-, que había sido secretario de uno de los fiscales que intervino en el caso García Belsunce y que, según los actuales fiscales, pudo haber “contaminado” a sus colegas Ecke y Rossi.
Según fuentes judiciales consultadas por Télam, todas esas decisiones cuestionadas por el MPF, desde su punto de vista, son señales de "falta de objetividad", de "una absolución que ya podría estar decidida de antemano" y atentan contra la teoría del caso que ellos pretenden demostrar: que Pachelo tuvo siempre un mismo modus operandi, que repitió antes y después del asesinato de la socióloga, y que consistía en entrar a robar a casas de conocidos.
“Es una locura que con todos estos planteos el juicio se inicie el 1 de junio”, dijo a Télam una fuente judicial ligada al MPF.
El mismo informante consideró que más allá de lo que ahora resuelva la Cámara de Apelaciones –donde los fiscales Ferrari y Callegari pidieron una audiencia oral para ampliar sus fundamentos-, “todo esto lo tiene que revisar Casación, donde ya hay un dictamen favorable de la fiscal de ese tribunal a uno de los planteos”.
En este tercer juicio, la acusación contra Pachelo (45) y los entonces vigiladores Norberto Glennon (56) y José Ramón Alejandro Ortiz (44), es por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado", delitos que prevén prisión perpetua.
Para los fiscales, María Marta fue ejecutada a balazos cuando sorprendió a ladrones adentro de su casa.
La clave de la imputación fue la nueva hora del asesinato fijada por un forense a las 18.30 y que se ubicó el día del crimen a Pachelo en Carmel entre las 17.34 y las 18.59, es decir que se retiró 29 minutos después de cometido el homicidio.
Por primera vez en la historia de la causa, en este juicio, el viudo Carlos Carrascosa (77) actuará como testigo y particular damnificado, tras casi 20 años en los que fue sospechoso, imputado, detenido, excarcelado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio, estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad y ser absuelto de manera definitiva.
García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera, y su marido Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un "accidente" y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.
La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto -"el pituto"- le rebotó, con un arma calibre .32 largo.
El fiscal original del caso, Diego Molina Pico, siempre tuvo la convicción de que Carrascosa y otros familiares fueron los asesinos y encubridores y por ello los imputó y llevó a juicio, pero el fallo de la Casación bonaerense que absolvió al viudo en 2016 –y que quedó firme en 2020-, destacó graves irregularidades en la investigación del funcionario judicial.
El caso tiene una serie de enigmas jamás resueltos: el arma homicida nunca apareció y hay tres misteriosos ADN de dos hombres y una mujer nunca identificados, cuyos rastros de sangre quedaron en una pared de la escena del crimen.
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