La disputa judicial por la competencia en la causa que investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de la denominada "mansión de Pilar", vinculada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ingresó en su tramo decisivo. Tras la negativa de la Cámara Federal de San Martín de conceder el recurso para elevar el expediente, el fiscal general Carlos Cearras presentó un recurso de queja directamente ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El expediente ya quedó radicado en la Sala I del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Ellos deberán definir si la investigación por la propiedad, valuada en 17 millones de dólares, continúa en el Juzgado Federal de Campana o regresa al fuero Penal Económico de la Capital Federal.

La intervención de Casación se activó luego de que la Cámara de San Martín rechazara por "inadmisible" el planteo fiscal que pretendía enviar la causa a los tribunales de Retiro. Cearras sostiene que la pesquisa por presunto lavado de activos y administración fraudulenta debe tramitar en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la órbita del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, al considerar que allí se ubica la sede social de la AFA y el centro de la presunta maniobra defraudatoria.

Sin embargo, la Cámara -con la firma del juez Alberto Lugones tras la excusación de su colega Néstor Barral- confirmó la competencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con el argumento de que los bienes investigados -la mansión, autos de lujo y caballos- se encuentran en nuestro distrito.

La resolución previa tuvo además un condimento político: Barral se apartó del caso por "cuestiones de decoro", ya que hasta hace pocos meses integró el Tribunal de Disciplina de la AFA. Su excusación buscó despejar cualquier sospecha de parcialidad en una causa que analiza si autoridades de la entidad utilizaron testaferros para adquirir bienes de alto valor.

En los fundamentos para rechazar el pase a Casación, Lugones sostuvo que la discusión de competencia "no constituye una sentencia definitiva" ni equiparable a tal, y que los agravios fiscales reflejaban apenas una "disconformidad subjetiva". Cearras, en desacuerdo, acudió en queja para que el tribunal superior revise esa postura y resuelva cuál es el juez natural del expediente.

Helicópteros, haras y vuelos bajo la lupa

Mientras la Sala I analiza la presentación, la investigación avanza sobre los bienes bajo sospecha. La Justicia intenta determinar si Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, actuaron como presuntos testaferros de altos directivos del fútbol argentino para adquirir la fastuosa propiedad ubicada en Villa Rosa.

El inventario incluye no solo el inmueble principal, sino también una flota de automóviles de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista profesional de entrenamiento equino y un helipuerto privado.

Los movimientos aéreos se transformaron en un eje clave de la pesquisa. Antes de que se trabara la competencia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó procedimientos en el aeropuerto de San Fernando, en el hangar de la empresa Flyzar, para secuestrar registros de vuelo.

Según consta en declaraciones testimoniales, los pilotos que operaban las aeronaves afirmaron no conocer al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Ante los frecuentes aterrizajes en la mansión de Villa Rosa, sostuvieron que se trataba de "vuelos de entrenamiento". La explicación genera escepticismo en los investigadores, debido al elevado costo operativo que implica movilizar helicópteros -en combustible, mantenimiento y horas de vuelo cotizadas en dólares- sin trasladar pasajeros y solo para realizar maniobras sobre una propiedad privada.

Con el expediente ya en Casación, la definición sobre la competencia marcará el rumbo de una causa que combina millones de dólares, aeronaves, caballos de raza y el nombre de la cúpula del fútbol argentino. La decisión de la Sala I determinará si la investigación sigue a cargo de un juez conocido en Pilar o si se muda definitivamente a los tribunales de la Capital Federal.