La Cámara Federal de San Martín quedó en condiciones de adoptar una decisión clave en la causa que investiga la presunta utilización de testaferros para la compra de una casaquinta en Pilar, una flota de vehículos de alta gama y otras propiedades, en el marco de un expediente por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El Tribunal de Apelaciones ya cuenta con el expediente y deberá resolver qué juez será competente para continuar con la investigación, centrada en determinar si la adquisición de una mansión ubicada en Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, y automóviles de lujo estimados en casi 4 millones, se realizó para ocultar el verdadero origen o titularidad de los fondos.

La controversia enfrenta al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien actualmente instruye la causa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, quien reclamó la competencia por considerar que los hechos investigados ocurrieron dentro de su jurisdicción territorial. Ambos magistrados expusieron sus argumentos y dejaron la definición en manos de la Cámara Federal de San Martín, que tomará una decisión unipersonal, tras un sorteo, durante la feria judicial de enero.

Los argumentos del juez de Campana

González Charvay hizo lugar a un planteo presentado por Luciano Pantano, quien figura como titular formal de los bienes junto a su madre Lucía Conte, a través de la firma Real Central SRL. En una resolución firmada el 30 de diciembre, el juez solicitó que Aguinsky se inhiba y remita el expediente, invocando la garantía del juez natural prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y la ubicación territorial de las propiedades, todas situadas en el partido de Pilar, bajo jurisdicción de la Justicia federal de Campana.

Según el magistrado, la denuncia impulsada por la Coalición Cívica fue presentada en una jurisdicción ajena a la localización de los bienes investigados, ya que se recurrió a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires pese a que el inmueble principal se encuentra en la provincia. El fiscal de ese juzgado, Sebastián Bringas, había dictaminado en contra del planteo de Pantano y a favor de que la causa continúe tramitándose en CABA.

La postura del juez Aguinsky

Al responder al planteo, Aguinsky rechazó ceder la investigación y sostuvo que el delito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por una administración fraudulenta cometida en perjuicio de la AFA, presuntamente ejecutada por sus directivos. En ese sentido, subrayó que el supuesto testaferro y titular formal de la quinta y los demás bienes utiliza una tarjeta de crédito perteneciente a una cuenta corporativa de la AFA, con domicilio en Viamonte 1366, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el magistrado porteño, el "epicentro" de la causa no está en Pilar, sino en la AFA, cuyo asiento legal se encuentra a pocos metros de su juzgado. Además, recordó que el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial vinculó esta investigación con otra causa por presunta evasión de aportes e impuestos por 19 millones de pesos, que tramita en el mismo fuero en CABA, a cargo del juez Diego Amarante, lo que -según Aguinsky- completa el cuadro indiciario.

Estado actual de la causa

Pantano y su madre habían sido citados por Aguinsky para ser notificados de la existencia del expediente e invitados a realizar un descargo, pero ese trámite quedó suspendido hasta que se defina la competencia. Las propiedades investigadas, incluida la casaquinta de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, fueron allanadas al inicio de la causa por el juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó la valuación de los bienes y la preservación de todo lo hallado.

Tras asumir el caso, Aguinsky profundizó la pesquisa y recibió informes patrimoniales y financieros, entre ellos los resúmenes de la tarjeta de crédito a nombre de Pantano, cuyos consumos llegaban a la AFA y eran utilizados para gastos como telepases de los vehículos secuestrados, con erogaciones promedio cercanas a 50 millones de pesos mensuales. Además, se investiga el uso de un helipuerto emplazado en la propiedad de Villa Rosa y la identidad de las personas que arribarían al lugar en helicóptero.

La definición de la Cámara Federal de San Martín será determinante para el futuro del expediente y para establecer qué jurisdicción continuará al frente de una de las causas más sensibles vinculadas a la conducción de la AFA.