El fiscal Vaiani fue imputado por quedarse con dinero secuestrado en un crimen en Pilar

La suma por la cual se lo acusa es de 8 mil dólares, y fueron tomados de la escena del crimen en el doble parricidio que tuvo lugar en 2015, en la localidad de Manuel Alberti. El suspendido fiscal de San Isidro, Eduardo Marcelo Vaiani, fue imputado y citado a indagatoria en una causa en la que se lo acusa de haberse apoderado de 8 mil dólares que secuestró en la escena del doble parricidio ocurrido dos años atrás, en la que el matrimonio Klein- Kowalzuck falleció a manos de uno de sus hijos, en la localidad de Manuel Alberti. Cabe recordar, que la suspensión del fiscal que data de noviembre de 2015, y en relación a la causa del encubrimiento del doble crimen de Unicenter, donde fue el segundo jerárquico en la Fiscalía General de San Isidro, por debajo del también suspendido y ya renunciado Julio Novo. En esta ocasión, el llamado a indagatoria llega de manos del fiscal Edgardo Alejandro Ledesma, de la UFI Nº 9 de Delitos Complejos de San Martín, quien sostiene que Vaiani “sustrajo de la custodia del Ministerio Público un sobre con la suma de 8 mil dólares estadounidenses”. Al enterarse de la causa, el acusado se presentó en los tribunales para devolver el dinero y aseguró que “los 8 mil dólares siempre estuvieron dentro de una esfera de custodia y tal circunstancia era conocida por quienes se desempeñaban en la fiscalía”. Sin embargo, los investigadores detectaron que no eran los mismos billetes secuestrados en el allanamiento, y que la entrega se realizó en un sobre blanco distinto al sellado y firmado por los testigos y responsables en aquel procedimiento. En ese marco, Vaiani expresó:  “Las divisas fueron inmediatamente puestas a disposición del fiscal Ledesma, lo que revela que no existía ninguna intencionalidad diferente, y que lo mismo hubiese ocurrido sin necesidad de semejante dispendio funcional”. Más allá de las explicaciones del suspendido fiscal, Ledesma le imputó el delito de “violación de elementos probatorios”, que castiga con prisión de un mes a cuatro años a quien “sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente”, por lo que habrá que esperar para conocer el camino que seguirá la causa.