El 16 de enero de 2008, la tranquilidad nocturna del barrio El Remanso, en Exaltación de la Cruz, se quebró de manera definitiva. Rosana Galliano, de 29 años y madre de dos hijos pequeños, fue asesinada a balazos en la puerta de su casa tras salir para atender un llamado telefónico. En un primer momento, el hecho fue interpretado como un episodio más de inseguridad, pero con el correr de los días la causa tomó un giro dramático.

La investigación permitió reconstruir una historia marcada por la violencia, el control y un fuerte conflicto económico. El principal sospechoso fue José Arce, exmarido de la víctima, quien había sido denunciado por violencia familiar y tenía una orden de restricción que le prohibía acercarse a ella. Pese a la separación, continuaban legalmente casados y enfrentaban una disputa por bienes valuados en alrededor de 700 mil dólares.

Rosana y Arce se habían conocido en 2005, cuando él regresó a la Argentina tras vivir durante décadas en Estados Unidos. La relación avanzó rápidamente: se casaron a los pocos meses y tuvieron dos hijos. Sin embargo, el vínculo se deterioró con la misma rapidez y se volvió violento. La denuncia y la perimetral marcaron el quiebre definitivo, aunque Arce se negó a firmar el divorcio.

La noche del crimen, los hijos habían pasado el día con su padre. Cerca de las 22.15, Arce llamó a Rosana con la excusa de que uno de los chicos tenía fiebre alta. Sabía que la mala señal obligaba a salir al exterior para poder hablar. Cuando ella salió, fue emboscada y recibió cuatro disparos de un arma calibre 11.25. Murió casi en el acto. Su hermana, que estaba dentro de la vivienda, escuchó los tiros y fue testigo de la escena más dolorosa de su vida.

La familia Galliano siempre sostuvo que el crimen había sido encargado por Arce con la complicidad de su madre, Elsa Aguilar. El avance de la causa judicial respaldó esa hipótesis y, tras un extenso proceso, en noviembre de 2013 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Campana los condenó a prisión perpetua por homicidio triplemente calificado. Para los jueces, habían pagado 10 mil dólares para ejecutar el asesinato.

Sin embargo, los presuntos autores materiales fueron absueltos y nunca se pudo determinar quién disparó. A 18 años del femicidio, el caso sigue siendo un símbolo de la violencia de género y de una verdad que quedó inconclusa, pese a las condenas.