Familiares y organizaciones pidieron una vez más justicia por Sofía Fernández

A un año y ocho meses del transfemicidio de Sofía Fernández, familiares, activistas y organizaciones sociales continúan luchando por justicia, exigiendo la condena a los responsables de su muerte.

La tragedia ocurrió en abril de 2023, cuando Sofía, de 39 años, fue asesinada dentro de la Comisaría Pilar 5° por policías que prestaban servicio en dicha dependencia. En un principio hubo 10 efectivos identificados y apresados, pero para septiembre de este año, el único detenido es el Oficial Ayudante Carlos Matías Rodríguez, acusado como uno de los autores del crimen.

El resto, fueron liberados: ellos son Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez, Germán Gonzalo Robles, Yésica Isabel Núñez, Viviana Edith Ruiz, Daniel Eduardo Salerni, Miriam Elisabeth Valor, Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino, y Gustavo Gabriel Camacho.

Asimismo, desde el Juzgado N°7 se desestimó el agravante de “odio por identidad de género”, algo que generó extrema disconformidad entre los allegados de Sofía.

Este martes, 10 de diciembre, familiares y activistas convocaron a una jornada de lucha y visibilidad en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Callao 237, para seguir exigiendo justicia.

La fecha elegida no fue casual, ya que ese día se conmemoró el Día de los Derechos. La convocatoria incluyó volanteada, música y un micrófono abierto para visibilizar la lucha en curso.

Mabel, hermana de Sofía, detalló los aspectos más controvertidos del proceso judicial y contó que “se encuentra en etapa recursiva la recusación del juez Saettone, quien dejó en libertad a los policías y no tuvo, ni tiene perspectiva de género en el caso, modificando la calificación y quitando el calificante por odio a la identidad de género (transfemicidio)”.

Además, la familia de Sofía ha presentado una oposición a los peritos propuestos por la defensa, dado que todos ellos son funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires: “también se encuentra pendiente de resolución la oposición a los peritos que propuso la defensa y se encuentran interviniendo en la investigación, siendo que todos son funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia, y así como se prohíbe su intervención como peritos oficiales, debiera restringirse la misma como peritos de parte, siendo que es la propia Provincia la que paga por su intervención en la presente”.

Cerrando, expresó su indignación y pidió: “basta de impunidad y encubrimiento policial y estatal. Fue transfemicidio, fue la policía”.