Lunes 04 de Julio de 2022

Embargan viviendas en countries por causas de lavado de dinero del narcotráfico

El juez federal Adrián González Charvay dispuso la medida en una vivienda de la urbanización La Pradera, en Pilar y otra en El Lucero, de Escobar. Ambas habrían sido adquiridas con dinero de venta de drogas.


  • Viernes 06 de Mayo de 2022
Embargo viviendas countries

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dispuso en las últimas horas el embargo de viviendas ubicadas en dos reconocidos countries de Zona Norte, en el marco de una causa que investiga el lavado de dinero producto del narcotráfico.

Estas viviendas proceden de una causa en contra de dos hombres, Roberto Eduardo Rodríguez y Ricardo Sosa, que están acusados de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que llevaba adelante el aprovisionamiento, transporte y distribución de marihuana para finalmente ser comercializada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Una de las propiedades que será embargada por la justicia se encuentra ubicada en el country La Pradera de Pilar, ubicado en la localidad de Villa Rosa. El otro inmueble que será decomisado se encuentra en la urbanización privada El Lucero, ubicado en la calle Patricias Argentinas de la localidad de Garín, del vecino partido de Escobar.

Además, de acuerdo a lo estipulado por Charvay en su fallo, se establece que tres mujeres, Griselda Romina Sosa, Griselda Noemí Bader y Miryam Beatriz Bader, serán procesadas por el lavado de estos activos. Las tres si bien serán procesadas, no se ha incluido la prisión preventiva pero sí se decretó el embargo de los bienes de hasta 200 millones de pesos, para las tres.

González Charvay explica en el fallo que “el objetivo en las investigaciones como la presente resulta ser el aislamiento económico del autor, para que el mismo no pueda sacar provecho de los bienes al no encontrar fácilmente personas dispuestas a recibirlos debido a las implicancias y al riesgo que ello trae consigo”.

“En particular, subyace la convicción de que, si el potencial autor sabe que no podrá obtener beneficios de su actividad ilícita, desistirá de su proyecto”, indica. 

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