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El crimen del ingeniero electrónico Roberto Eduardo Wolfenson Band, de 71 años, sigue siendo un misterio para los investigadores que se encuentran buscando respuestas en cada elemento de la causa.
El fiscal Germán Camafreitas, de la UFI N°3, se ha reunido con los hijos de la víctima no solo para conocer cómo sigue la causa sino también para entregarle documentación con información de las cuentas bancarias que tenía su padre en el país y en el exterior. También le fue acercada la información de las tarjetas de débito y crédito, datos de una caja de seguridad, un fideicomiso y posibles inversiones. Todo esto buscando identificar si el móvil del crimen podría ser económico.
“Los hijos de la víctima querían conocer detalles de la investigación. Pero también llevaron documentación para profundizar la pista económica. Por información que les dio el contador que trabajaba con su padre, Wolfenson Band tenía una caja de seguridad. Además de las cuentas bancarias en el país, tenía una en el exterior. Ellos quieren que se investiguen los últimos movimientos bancarios para conocer si después del homicidio se hizo alguna operación. Sobre todo, teniendo en cuenta la desaparición del teléfono celular, ya que las operaciones bancarias se pueden hacer desde el móvil”, sostuvo una fuente con acceso al expediente a La Nación.
En simultáneo a la reunión los peritos informáticos se encontraban analizando dos computadoras que fueron entregadas por la familia en los últimos días. Una de ellas fue a la que la hijastra, identificada como B.T. ingresó con una clave que había encontrado posterior al homicidio del ingeniero.
La joven, que declaró ante la fiscalía que se “llevaba bien” y que Roberto Wolfenson era alguien “en quien confiaba y apreciaba mucho”, les contó también a los investigadores que “el domingo logré encontrar una clave anotada, por lo cual procedí a ingresar a una de las notebooks de Roberto. Era la del trabajo, no la personal. Así pude observar en el interior que se hallaba el WhatsApp abierto del teléfono de Roberto. Lo que hice fue filmar lo que estaba viendo, es decir, los chats que tenía”.
Ese domingo el crimen ya había sido cometido y se sabía, con cereza, que era un homicidio. Tras su declaración la mujer entregó la computadora y también la filmación.
El cuerpo del ingeniero fue encontrado en una de las habitaciones de huéspedes de su vivienda en el country La Delfina el pasado 23 de febrero y el primer médico de la Policía Científica de San Isidro, Marcelo Rodríguez, afirmó era una muerte por infarto. Sin embargo, la autopsia reveló que había sido asesinado.
A consecuencia de esto, el médico fue denunciado ya que se perdieron horas preciadas de investigación. La presentación legal fue hecha por el mismo fiscal Camafreitas: “La denuncia fue hecha para que se investigue si Rodríguez cometió un delito de acción pública. En las próximas horas se conocerá que Unidad Funcional de Instrucción (UFI) tendrá a su cargo el expediente. El fiscal Camafreita también hizo una presentación ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio (AGAI) de Seguridad bonaerense para que se evalúe el accionar del médico policial”, explicaron fuentes del caso a La Nación.
El abogado Tomás Farini Duggan, letrado que representa a Esteban y Laura Wolfenson, los hijos de la víctima, había cuestionado la tarea del médico. “Fue un homicidio de manual. Es imposible pensar otra cosa. Nadie que ve esa escena pensaría que esa muerte se produjo por un infarto. Vi las fotos, no soy médico, pero está claro que por la gran cantidad de sangre y las lesiones que se observan, por lo menos tendría que haber dictaminado una muerte dudosa”, sostuvo.
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