La investigación por las presuntas estafas cometidas a través de la concesionaria Autos Pilar Premium sumó nuevos detalles a partir de la declaración de Cynthia Chamoles, socia y pareja de Carlos Alberto González. La mujer sostuvo ante la Justicia que los incumplimientos con clientes se produjeron por un desfasaje financiero y aseguró que la empresa mantiene créditos pendientes de cobro por unos 2 millones de dólares.

Chamoles, de 44 años, y González, de 43, fueron detenidos esta semana en su vivienda del barrio cerrado Las Condes, en Pilar, y posteriormente indagados por el fiscal Andrés Quintana, quien lleva adelante la investigación.

En su declaración, Chamoles afirmó que numerosos compradores adquirieron vehículos mediante esquemas de financiación pero posteriormente dejaron de cumplir con las cuotas acordadas. Según su versión, esa situación generó problemas en el flujo de fondos de la empresa que terminaron afectando la capacidad para responder ante otros clientes.

"Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total, que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado", sostuvo, según consignó La Nación. Además, aseguró que existen varios vehículos entregados cuyo precio todavía no fue cancelado y estimó que, considerando el conjunto de operaciones pendientes, la firma tendría alrededor de 2 millones de dólares por cobrar.

Entre los casos mencionados durante la indagatoria, Chamoles hizo referencia a un reconocido cantante y DJ, cuya identidad permanece bajo reserva. Según declaró, la concesionaria le entregó una camioneta Land Rover Evoque y mantiene una deuda de 120.000 dólares por esa operación.

También habló sobre una Lamborghini Urus valuada, según su testimonio, en unos 800.000 dólares. Explicó que el vehículo se encuentra embargado por una situación relacionada con su titular y que Autos Pilar Premium todavía debería pagar 100.000 dólares para completar la operación. Su expectativa, señaló, era poder disponer posteriormente de la unidad para venderla.

La causa, sin embargo, reúne al menos 35 presuntos damnificados que habrían señado vehículos que nunca recibieron o entregado automóviles en consignación que posteriormente fueron comercializados sin que percibieran el dinero acordado.

Entre quienes aparecen en el expediente se encuentran el diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot.

Quintar denunció que había comenzado a negociar con Autos Pilar Premium en agosto de 2025 la adquisición de una Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. De acuerdo con su presentación judicial, habría abonado la totalidad del monto mediante transferencias bancarias y pagos en efectivo, pero el vehículo nunca le fue entregado.

En el caso de Pichot, la investigación sostiene que entregó una Ford Ranger Raptor para que fuera comercializada en consignación. Según la acusación, mantuvo el dominio del vehículo y nunca firmó el formulario 08, pero los responsables de la agencia habrían dispuesto igualmente de la camioneta y no le habrían entregado el producido de la operación.

González también dio su versión ante el fiscal y sostuvo que su objetivo es resolver la situación para que los damnificados recuperen lo que les corresponde. El empresario habló de un "descalce" financiero de aproximadamente 6 millones de dólares como origen de los incumplimientos.

Durante su indagatoria repasó además la historia de Autos Pilar Premium. Señaló que comenzó en el negocio automotor hace una década en el Shopping Champagnat y que, con el crecimiento de la firma, se trasladaron a un inmueble ubicado sobre la colectora del ramal Pilar de Panamericana, en Manuel Alberti. Allí comenzaron a trabajar especialmente con vehículos de alta gama y clientes de elevado poder adquisitivo.

Según González, la expansión llevó también a incorporar inversores y, en su mejor momento, la concesionaria llegó a comercializar alrededor de 100 vehículos mensuales.

El empresario ubicó uno de los puntos de quiebre en otra causa judicial iniciada durante 2025 por la utilización del espacio público lindero a la Panamericana para exhibir vehículos. La investigación comenzó tras una denuncia del apoderado de Autopistas del Sol contra distintas concesionarias que utilizaban el parquizado como una extensión de sus locales.

Luego de una orden judicial, los vehículos fueron retirados, pero posteriormente la Prefectura Naval constató que Autos Pilar Premium había vuelto a utilizar el sector. El juez federal de Campana Adrián González Charvay terminó procesando a González por desobediencia y ordenó el secuestro de nueve vehículos.

De acuerdo con la explicación brindada ahora por el empresario, aquella causa tuvo consecuencias comerciales: aseguró que las operaciones cayeron de unas 100 unidades mensuales a aproximadamente 50 y que posteriormente se produjo una "corrida" de inversores por unos 3 millones de dólares.

González sostuvo además que la estructura de la compañía demandaba costos cercanos a los 300.000 dólares mensuales. Con la caída de los ingresos y el retiro de inversores, afirmó, el descalce financiero llegó a los 6 millones de dólares y comenzaron los incumplimientos.

Siempre según su versión, intentó conseguir nuevos aportes de un grupo reducido de inversores para afrontar las obligaciones, pero el avance de las denuncias por presunta estafa y la repercusión pública de los allanamientos agravaron la crisis. Incluso aseguró que el propietario del inmueble donde funcionaba la agencia terminó rescindiendo el contrato de alquiler.

La explicación de los acusados forma parte ahora del expediente que conduce el fiscal Quintana y deberá ser contrastada con la documentación incorporada a la causa y con las denuncias de los presuntos damnificados.

"Me aniquiló. Perdí respeto y confianza", afirmó González al referirse al impacto que, según su postura, tuvieron las medidas judiciales sobre Autos Pilar Premium. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las responsabilidades penales por las operaciones denunciadas por los clientes.