La Justicia Comercial declaró la quiebra de Datcar SA, la sociedad vinculada a Autos Pilar Premium, la concesionaria de vehículos de alta gama que funcionaba sobre la colectora oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, en Del Viso, y que quedó bajo investigación penal a partir de numerosas denuncias de clientes.

La medida fue dispuesta el 14 de septiembre por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22, en el marco de un expediente iniciado por un acreedor que reclamaba el pago de 9.000 dólares correspondientes a dos pagarés impagos. La resolución calificó el proceso como una "pequeña quiebra" y ordenó el desapoderamiento de la sociedad, por lo que la sindicatura deberá ahora reconstruir su patrimonio y determinar qué bienes pueden incorporarse al proceso.

Datcar es la sociedad que aparece detrás de la actividad comercial de Autos Pilar Premium, dedicada a la compraventa de autos y camionetas nuevos y usados. En los registros societarios, Carlos Alberto González figura como presidente y Cynthia Karina Chamoles como directora suplente. Ambos fueron detenidos en el marco de la investigación penal y continúan privados de su libertad mientras avanza la causa.

La investigación está a cargo de la UFI N°2 de Pilar y tramita ante el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro. Hasta el momento reúne 38 hechos y 47 damnificados, entre los que aparecen el diputado jujeño Manuel Quintar; Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot; y el influencer Uriel De Martini, además de otros clientes.

Las denuncias describen principalmente dos modalidades: compradores que aseguran haber entregado dinero para adquirir vehículos que finalmente no recibieron y propietarios que dejaron sus unidades en consignación para ser comercializadas, pero luego no obtuvieron el dinero de la venta.

Uno de los casos de mayor repercusión fue el de Quintar, quien denunció haber pagado 285.000 dólares por una Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada. Pichot, en tanto, quedó involucrado como damnificado por una operación relacionada con una Ford Ranger Raptor que había sido entregada en consignación. Según la denuncia, la camioneta fue recibida para su venta, pero posteriormente no se rindieron cuentas al propietario ni se restituyó el dinero correspondiente.

En mayo, en el marco de la causa, el Juzgado de Garantías N°6 ordenó el secuestro de 19 vehículos de alta gama valuados en alrededor de 1,23 millones de dólares.

Durante su indagatoria, González sostuvo que el negocio había atravesado una fuerte caída en las ventas y habló de un "descalce financiero" de unos 6 millones de dólares. Según su versión, la concesionaria había llegado a comercializar alrededor de 100 vehículos mensuales, cifra que luego cayó a menos de 50. También aseguró que existían aproximadamente 2 millones de dólares en créditos pendientes de cobro.

Chamoles, por su parte, atribuyó parte de las dificultades financieras al atraso de clientes que habían adquirido vehículos financiados y afirmó que la empresa necesitaba recuperar esos fondos para atender sus obligaciones. Esas explicaciones forman parte de la defensa de los imputados, mientras la Justicia busca determinar si las operaciones denunciadas respondieron a una maniobra deliberada y organizada.

La quiebra abre ahora un nuevo frente judicial y plantea un punto central: establecer cuáles de los bienes relacionados con Autos Pilar Premium pertenecen efectivamente a Datcar y cuáles son propiedad de terceros.

Los 19 vehículos secuestrados en la causa penal quedaron también bajo la mirada de la Justicia Comercial. La nueva síndica, Mónica Patricia Gardon, informó al juzgado sobre la existencia de la investigación penal y solicitó medidas urgentes destinadas a identificar, preservar e incorporar al proceso aquellos bienes que eventualmente sean propiedad de la sociedad quebrada.

En su presentación hizo referencia a los allanamientos en los que fueron secuestrados los vehículos, además de dinero, moneda extranjera, documentación, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos. Sin embargo, advirtió que será necesario diferenciar los activos de Datcar de los automóviles pertenecientes a clientes, las unidades entregadas en consignación y otros bienes alcanzados por medidas dispuestas en la causa penal.

Por ese motivo, solicitó que la UFI N°2 de Pilar, el Juzgado de Garantías N°6 y otros organismos informen cuáles fueron los vehículos secuestrados, dónde se encuentran, quién tiene a cargo su custodia y cuál es la situación procesal de cada uno. También pidió poder inspeccionarlos y realizar un inventario detallado que incluya dominio, números de chasis y motor, estado general, kilometraje, accesorios, llaves y documentación.

En paralelo, otro escrito incorporado a la quiebra presentó un informe histórico del Registro Automotor que identifica siete vehículos que continúan registrados a nombre de Datcar: una Ford Maverick, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, un Ford Kuga, una Volkswagen Amarok, una RAM 1500 y un BMW X4.

La Justicia deberá establecer dónde se encuentran esas unidades, quién las posee actualmente y si alguna coincide con los vehículos secuestrados durante la investigación penal.

La distinción resulta especialmente relevante porque no todos los automóviles que estaban en Autos Pilar Premium necesariamente integraban el patrimonio de la firma. Precisamente, una parte de las denuncias se originó en vehículos que particulares habían dejado en consignación para su venta.

De esta manera, el cruce entre el expediente penal y la quiebra será determinante para reconstruir el patrimonio de Datcar, definir qué bienes podrán destinarse a responder frente a los acreedores y cuáles eventualmente deberán ser restituidos a sus legítimos propietarios.

Mientras la causa penal continúa avanzando para determinar qué ocurrió con las operaciones denunciadas y establecer las responsabilidades correspondientes, el proceso comercial también comenzará a ordenar los reclamos económicos. Los acreedores de Datcar tendrán plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para verificar sus créditos, mientras la sindicatura deberá avanzar con el inventario y la reconstrucción patrimonial de la sociedad.