La semana pasada llegó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca impedir que la Provincia otorgue patrocinio legal y asistencia técnica a la defensa de policías procesados por violaciones de derechos humanos.
En esencia, el proyecto pide el fin de la impunidad policial ante casos de gatillo fácil, femicidios y travestidios, como el de la pilarense Sofía Fernández, caso que impulsó dicho proyecto de ley.
Sofía Fernández fue asesinada en la Comisaría Pilar 5° en abril del 2023 y, en su brutal homicidio, hay 10 policías involucrados. Actualmente el único detenido es el Oficial Ayudante Carlos Matías Rodríguez, acusado como uno de los autores del crimen.
El resto, fueron liberados: ellos son Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez, Germán Gonzalo Robles, Yésica Isabel Núñez, Viviana Edith Ruiz, Daniel Eduardo Salerni, Miriam Elisabeth Valor, Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino, y Gustavo Gabriel Camacho.
Asimismo, desde el Juzgado N°7 se desestimó el agravante de “odio por identidad de género” por lo que allegados de Sofía han realizado numerosas marchas, exigiendo justicia.
Así llegó este proyecto, presentado el pasado 27 de agosto por la diputada nacional Vanina Biasi y el diputado provincial Guillermo Kane. “El proyecto de ley propone que los agentes de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no puedan brindar asistencia jurídica a agentes acusados de gatillo fácil ni violaciones a los derechos humanos. Esta medida busca revocar la normativa actual que permite el patrocinio legal estatal a dichos agentes, abarcando casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada. La ley también incluye sanciones para aquellos involucrados en encubrimientos de estos delitos”, detalló Kane.
Además, se creará una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, “encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y recibir denuncias por incumplimiento”. “Las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad deberán presentar informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal, y en caso de irregularidades, la comisión podrá realizar las denuncias penales correspondientes”, añadió.
En la redacción del documento participó también la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), mientras que en la presentación estuvieron presentes familiares de víctimas, como Mabel, la hermana de Sofía Fernández.
Vanina Biasi, durante la presentación, expresó que “los abusos, las torturas y los peores crímenes por parte de las fuerzas policiales no solo son moneda corriente, sino también lo es la cobertura y protección política y estatal”. “El trasvesticidio de Sofi Fernández es una prueba más de ello. Con un juez que niega la carátula como crimen de odio y un ministerio dirigido por un hombre de Sergio Berni, Javier Alonso, que los blinda con su cobertura legal. La asimetría con la familia de Sofi es total. Vamos a seguir luchando contra toda esta impunidad, por Sofi y por todas las víctimas de la prepotencia y los crímenes de la policía y el Estado”, afirmó.
Este viernes, a las 10:30, Mabel Fernández mantuvo una reunión con la fiscalía N°4 que lleva adelante la causa. Luego, acompañada con organizaciones sociales marchó hacia el Municipio de Pilar. “Cárcel común a los responsables políticos materiales del crimen de odio”, exigieron.
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