Pedro Ilincheta, conocido como "Pepo" o "Peter", fue condenado a tres años y dos meses de prisión por 14 hechos de estafa relacionados con inversiones en criptomonedas. La sentencia fue dictada por la jueza María Emma Prada, titular del Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro.

El caso había comenzado cuando Ilincheta, vinculado al country Los Lagartos, convenció a personas de su entorno de entregarle dinero para operar en el mercado de criptomonedas. De acuerdo con lo establecido durante el proceso, ofrecía rendimientos del 26% durante los primeros tres meses y posteriormente del 5% mensual, además de asegurar que los fondos podían ser retirados.

Para respaldar la evolución de las supuestas inversiones, durante un período enviaba a sus clientes capturas de planillas de Excel donde figuraban ganancias. Ese mecanismo contribuyó a generar confianza entre los inversores, algunos de los cuales incrementaron el dinero aportado e incluso recomendaron la propuesta a otras personas de su círculo.

El conflicto apareció cuando comenzaron los pedidos de devolución. Según se reconstruyó durante la investigación, las respuestas comenzaron a postergar los reintegros mientras los damnificados reclamaban recuperar los fondos entregados.

La denuncia inicial había estimado un perjuicio de USD 276.991, aunque esa suma contemplaba también las rentabilidades que habían sido prometidas o informadas. La pericia contable realizada posteriormente estableció que los montos efectivamente entregados ascendían a USD 100.628,91. De esa cifra, USD 46.847,30 habrían sido enviados a cuentas de Binance y otros USD 53.781,61 mediante diferentes mecanismos.

El estudio contable y el análisis de las operaciones digitales no permitieron reconstruir por completo qué sucedió con el dinero. Los especialistas señalaron que no era posible establecer el destino de todos los fondos ingresados en las cuentas ni determinar cuánto había retirado Ilincheta. Además, en Binance no existían subcuentas que permitieran identificar qué parte del dinero correspondía a cada inversor.

La fiscalía había solicitado cuatro años de prisión efectiva, mientras que los abogados de los damnificados, Fernando Madeo Facente y Santiago Bongiovanni, habían reclamado seis años. La defensa, en cambio, pidió la absolución.

La pena finalmente impuesta no implicará por ahora el ingreso del condenado a una cárcel. Prada resolvió mantener la morigeración de la prisión preventiva que ya tenía concedida, bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, hasta que la sentencia quede firme.

El fallo también dispuso que se investigue la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre de Ilincheta, en hechos vinculados con las maniobras. La decisión respondió a elementos incorporados durante el proceso: uno de los damnificados declaró que, al momento de entregar USD 4.000, Ilincheta le indicó que el dinero sería retirado por su madre. Otro denunciante, mencionó transferencias por unos $450.000 hacia cuentas de Mercado Pago pertenecientes a Cabeza y a una hermana del acusado.

A esto, se sumó el análisis de operaciones de criptomonedas, que detectó movimientos entre la cuenta de Binance de Ilincheta y otra cuenta de la misma plataforma registrada a nombre de su madre. Por esos elementos, la jueza ordenó remitir las actuaciones para que se determine si corresponde avanzar con una investigación penal sobre Cabeza.

Durante el proceso, Ilincheta sostuvo una versión diferente. Reconoció que operaba con criptomonedas y contratos de futuros mediante plataformas como Binance, Bybit, BingX y Nexo, pero negó haber captado deliberadamente a las 14 personas para quedarse con su dinero. También afirmó que había sufrido pérdidas económicas, rechazó haber utilizado los fondos para gastos personales y aseguró que siempre tuvo intención de devolverlos.