Una sentencia dictada esta semana por la Justicia Federal de San Martín volvió a poner el foco sobre presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y salpicó a una empresaria radicada en Pilar, además de exintegrantes de organizaciones criminales investigadas desde hace más de una década.

El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín condenó a tres años de prisión en suspenso a María Eugenia Maronna, de 49 años, propietaria de una agencia de automóviles y domiciliada en un country de Pilar; a Fernando Aldo De Bórtoli, de 39 años; y a Ricardo Gabriel Sosa, conocido como "El Gaby" o "El Macho", actualmente detenido en una cárcel federal de Río Negro.

Aunque la pena impuesta no implica el cumplimiento efectivo de prisión para Maronna y De Bórtoli, el fallo incluyó una importante sanción económica. El juez Juan Francisco Venditti ordenó que cada uno de los condenados abone una multa equivalente a 260 mil dólares y dispuso además el decomiso de un lote ubicado en el barrio cerrado Los Sauces, en la localidad de La Lonja.

La investigación determinó que el terreno habría sido adquirido con fondos provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico y posteriormente utilizado en una maniobra destinada a ocultar el origen del dinero.

Los nombres de los condenados no pasaron inadvertidos para los investigadores. María Eugenia Maronna es hermana de Carlos Maronna, empresario que fue llevado a juicio el año pasado ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en una causa también relacionada con presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de negocios vinculados al rubro automotor.

Por su parte, De Bórtoli fue investigado durante años por supuestos vínculos con la organización criminal liderada por Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, uno de los narcotraficantes más conocidos del conurbano bonaerense. En distintas pesquisas fue señalado como presunto transportista de estupefacientes para la estructura vinculada a Alan Villalba, hijo del histórico capo narco de San Martín.

El tercer condenado, Ricardo Gabriel Sosa, cuenta con un extenso historial judicial. En septiembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín por integrar una organización dedicada al transporte de marihuana prensada. A esa pena se le sumaron posteriormente otros siete años de prisión impuestos por la Justicia Federal de Neuquén en una causa vinculada al tráfico de drogas.

Con esta nueva condena por lavado de activos, Sosa deberá cumplir una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión.

La causa que culminó con la sentencia de esta semana se inició en 2016 en el Juzgado Federal de Campana como una derivación de la investigación que había llevado a la condena de Sosa por narcotráfico. Los investigadores buscaron determinar si el lote ubicado en Los Sauces había sido adquirido utilizando dinero proveniente de actividades ilícitas.

Según consta en documentos judiciales, el terreno fue transferido a nombre de María Eugenia Maronna en 2011. Un año después, el 30 de marzo de 2012, se celebró un boleto de compraventa mediante el cual Fernando De Bórtoli adquiría el inmueble "en comisión" por un valor declarado de 250 mil dólares.

Durante la investigación se analizaron los antecedentes patrimoniales de los involucrados. Un informe elaborado por la entonces AFIP concluyó que Maronna, quien en ese momento se encontraba inscripta como monotributista categoría F, no registraba ingresos suficientes para justificar la adquisición del lote.

De acuerdo con el reporte, no habría generado durante 2010 y 2011 recursos económicos compatibles con una operación inmobiliaria de esas características. Al ser indagada, Maronna sostuvo que no conocía previamente a De Bórtoli antes de concretarse la venta del terreno.

Para los investigadores, sin embargo, la operación formó parte de una maniobra destinada a dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico. La hipótesis que terminó siendo respaldada por la condena sostiene que el dinero utilizado para la adquisición del inmueble tenía como verdadero origen los recursos obtenidos por Ricardo Sosa a través de actividades vinculadas al tráfico de drogas.

El fallo representa un nuevo capítulo en una trama judicial que conecta a empresarios, operadores del mercado automotor y personas vinculadas a organizaciones narcocriminales, con Pilar nuevamente en el centro de una investigación por presunto lavado de activos.