Una investigación judicial permitió desarticular un establecimiento que funcionaba en Presidente Derqui bajo el nombre de "Nuevo Camino" y que, de acuerdo con las denuncias recolectadas, operaba como un centro clandestino de rehabilitación para personas con consumos problemáticos.

El lugar fue allanado y clausurado, mientras que sus propietarios, un hombre de 34 años y una mujer de 22, quedaron detenidos acusados de una serie de delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, ejercicio ilegal de la medicina, estafas y otros hechos de extrema gravedad.

El caso tomó mayor repercusión luego de que en una investigación televisiva se conocieran testimonios de víctimas, familiares y especialistas que describieron el funcionamiento del establecimiento.

De acuerdo con la investigación, las familias eran captadas mediante promesas de tratamientos especializados y abonaban cuotas que rondaban los 700 mil pesos mensuales. Sin embargo, una vez internados, los pacientes permanecían aislados, sufrían malos tratos y, según las denuncias, eran obligados a realizar distintos trabajos dentro del predio.

Otro de los aspectos que generó mayor conmoción fue la revelación sobre un preparado conocido internamente como "la jarra loca". Según se informó durante la cobertura periodística, consistía en una mezcla de ansiolíticos utilizada para mantener sedados a quienes intentaban abandonar el lugar.

Entre los casos que forman parte del expediente aparece el de Carina Aguirre, quien buscó ayuda para su hijo y fue informada de que podía ser internado aun sin prestar consentimiento. Personal del establecimiento lo retiró de su domicilio y permaneció allí casi dos meses. Durante ese tiempo, logró comunicarse con su madre para denunciar que era golpeado y pedir que lo sacara del lugar.

Las denuncias también indican que quienes manifestaban su deseo de abandonar el establecimiento eran identificados como "los negados", un grupo que, presuntamente, recibía los peores castigos. Según los testimonios incorporados a la causa, permanecían hacinados, recibían escasa alimentación y eran víctimas de reiterados episodios de violencia.

Desde la Unidad de Investigaciones de Derechos y Salud Mental también expusieron serias irregularidades en el funcionamiento del lugar. "Funcionaban de forma completamente clandestina. Tenía una web donde no especificaban dirección, ni habilitación, ni staff, ni quien era el director médico, director terapéutico", contó Pablo Galfre, integrante del organismo.

El investigador sostuvo además que la organización habría montado un esquema destinado a obtener importantes ganancias económicas mediante el engaño a las familias. Según explicó, el dinero recaudado convivía con un sistema en el que algunos de los propios pacientes eran utilizados como mano de obra, mientras la Justicia continúa avanzando para determinar el alcance de las responsabilidades y la cantidad de personas que pudieron haber sido víctimas de este presunto entramado delictivo.