La investigación judicial que rodea la adquisición de una imponente propiedad en la localidad de Villa Rosa sumó en las últimas horas un giro relevante. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky resolvió levantar el secreto de sumario que había sido impuesto días atrás y avanzar con una serie de medidas destinadas a profundizar el análisis del presunto lavado de activos y la utilización de testaferros para concretar la operación inmobiliaria.

La decisión fue adoptada luego de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien solicitó expresamente avanzar en la reconstrucción del hecho precedente del supuesto lavado, poniendo especial énfasis en la trazabilidad tributaria, societaria y financiera "hacia atrás" de todas las operaciones documentadas vinculadas tanto a la casaquinta de Villa Rosa como a otras dos propiedades ubicadas en un barrio privado del distrito, según indicaron fuentes judiciales.

Entre las medidas dispuestas, se solicitaron registros fílmicos de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la mansión, ante versiones que señalan que días antes de los allanamientos judiciales se habrían retirado caballos y algunos vehículos del predio. "En un extenso escrito entregado al juzgado el martes último, la fiscalía puso el eje en buscar la ‘trazabilidad tributaria' de las operaciones bajo sospecha." Esto ocurrió luego de que la Coalición Cívica ampliara la denuncia penal que dio origen a la pesquisa.

En ese marco, el juez convocó para este último viernes al titular de la Dirección General Impositiva, Mariano Mengochea, a una reunión de trabajo. El encuentro se realizó en función del carácter de auxiliar de la Justicia que tiene el organismo y tuvo como objetivo definir el modo en que se llevará adelante la recolección y el análisis de la documentación contable y societaria considerada clave para la causa, en base a un paquete de medidas de prueba que se dispuso de manera inminente.

El secreto de sumario había sido impuesto en la tarde-noche del martes pasado y se extendió durante el feriado de Navidad, lapso en el que se realizaron diligencias puntuales, entre ellas un allanamiento a un estudio contable vinculado a los supuestos testaferros: el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a determinar quién solventa efectivamente los gastos corrientes de las propiedades, tales como expensas, servicios, seguros, mantenimiento y movilidad. "En el caso de Ayres del Pilar, se detectó que las expensas eran abonadas en efectivo en una sucursal bancaria." A esto se suma la pesquisa sobre una flota de 54 vehículos de alta gama hallados en un galpón del predio, cuyos peajes se pagaban mediante una única tarjeta de crédito, por lo que el juzgado ya ordenó reconstruir el origen de los fondos utilizados para cancelar esos consumos.

Otro aspecto sensible bajo análisis es la existencia de un helipuerto activo dentro de la quinta. La Justicia solicitó informes para identificar aeronaves, movimientos y pasajeros, con el objetivo de establecer posibles vínculos entre esos traslados y los presuntos beneficiarios reales del inmueble, en una causa que continúa ampliando su alcance y comple

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