La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este viernes un nuevo capítulo con un procedimiento en el aeropuerto de San Fernando. Según confirmaron fuentes judiciales, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar en el marco de la causa que investiga el patrimonio y los movimientos de dirigentes del fútbol argentino.

El operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien lleva adelante la investigación. Sin embargo, el procedimiento se inició con demoras debido a que el personal administrativo de la empresa llegó recién cerca de las 9 de la mañana. Una vez dentro de las oficinas de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (Flyzar), los agentes fueron recibidos por el propietario de la firma, Felipe Carmona Natta.

Según trascendió, el empresario manifestó que, en caso de contar con la documentación requerida por la Justicia, necesitaría plazo hasta el lunes para poder entregarla. Ante esa situación, el operativo entró en una instancia de consulta con el juzgado interviniente. Finalmente, el magistrado ordenó que la PSA regrese el próximo lunes para retirar la información solicitada. Las actuaciones en el lugar concluyeron poco después de las 11.

El requerimiento judicial apunta a obtener datos clave sobre la operatoria aérea vinculada a la quinta ubicada en Villa Rosa. El juez busca acceder a información detallada sobre los seguros de los helicópteros, las órdenes de vuelo y la nómina completa de los pilotos, con el objetivo de reconstruir quiénes eran los pasajeros frecuentes de esas aeronaves y qué tipo de carga se trasladaba hacia la propiedad.

Esta línea de investigación había sido iniciada previamente por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien llegó a tomar declaración a dos pilotos que operaban helicópteros en la zona. Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín resolvió apartarlo del expediente y trasladar la causa al Juzgado Federal de Campana, actualmente a cargo de González Charvay.

Durante sus testimonios, uno de los pilotos intentó justificar su presencia en la quinta asegurando que realizaba vuelos de entrenamiento. Ambos negaron haber transportado bultos o paquetes hacia la propiedad. No obstante, los investigadores detectaron que entre los dos pilotos suman más de 60 viajes al predio de Villa Rosa, un dato que generó nuevas sospechas dentro del expediente.

En el marco de los interrogatorios también se intentó determinar si dirigentes de la AFA utilizaban esas aeronaves. Para ello, el juez les exhibió fotografías del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, aunque ambos pilotos aseguraron no poder identificarlos como pasajeros. Esta respuesta generó dudas en la investigación, especialmente ante la ausencia de listas formales de pasajeros o registros de carga que permitan verificar de manera inmediata los movimientos.

Fuentes judiciales indicaron que el magistrado buscará reconstruir los hechos mediante otras medidas de prueba. En ese sentido, el procedimiento en San Fernando forma parte de un conjunto más amplio de órdenes dictadas recientemente, que incluyen requerimientos de documentación a organismos públicos y privados, además de la realización de tres pericias específicas.

El foco principal de la causa está puesto en determinar la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos utilizados para su compra. Según la documentación oficial, la propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. De acuerdo con los registros, la finca fue adquirida en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, una cifra que contrasta con una tasación oficial que ubica su valor en torno a los 17 millones de dólares.

La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían actuar como presuntos prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no coincidiría con la magnitud de la operación. Las nuevas medidas buscan profundizar el análisis de movimientos societarios y fiscales para determinar si existió una maniobra de ocultamiento patrimonial y eventual lavado de dinero.