Por Marcelo H. Echevarría

Abogado (UBA) – Especialista en Derecho Penal (UB)

En los últimos días diversos medios periodísticos informaron una serie de procedimientos contra la “venta ilegal” los cuales se llevaron a cabo en la localidad. La denomino “venta ilegal” dado que la diferencio de la “venta ambulante”.

La “venta ambulante” es la desarrollada en la vía pública (por eso la denominación “ambulante”) por gente muchas veces desempleada, con lo cual procuran su sustento diario y el de su familia, (como ser venta de algunas comidas o productos similares de tipo caseros, artesanías, entre otras), mientras que la “venta ilegal” se trata de una organización estructurada mediante una verticalidad, cuya pirámide se encuentra compuesta por un sistema proveedor de mercaderías a los fines de procurar su venta clandestina en la vía pública, con espacios a ocupar debidamente demarcados y prefijados, los cuales fueron debidamente evaluados (diariamente podemos ver al mismo u otro vendedor ocupando idéntico espacio público), contando con una organización pre establecida para el reabastecimiento de mercaderías y con integrantes a cuyo cargo se encuentra su comercialización, en total contravención con toda la normativa vigente, la cual, contrariamente, debe cumplir a rajatabla un comerciante legalmente constituido creando la llamada competencia desleal.

Esta “venta ilegal” se desarrolla en las narices de los funcionarios y muchas veces a escasos metros de las sedes de los organismos públicos, viendo los transeúntes y comerciantes a los vendedores marginales actuar con total impunidad y sin inmutarse ante el paso a su lado de la autoridad. A ellos no les preocupa una inspección municipal, AFIP o de otros  órganos de contralor porque cuentan con impunidad en su actuar. Al legal sí.

Ningún funcionario podría alegar el desconocimiento de la existencia de “venta ilegal” toda vez que, quien diría desconocerla, sería porque: a) no caminaría las calles del distrito, quedando evidenciado que la inmediatez que dice mantener con el vecino sería una falsedad o; b) incurriría en lo que vulgarmente se denomina “la vista gorda” acerca de la existencia de la misma.

Un ejemplo para contextualizarlo: ¿Alguien vio dentro de los shoppings en lugares de acceso comunes como ser pasillos, entre otros, a gente vendiendo ilegalmente productos que se comercializan puertas adentro de sus locales?

Obviamente no, porque la decisión de política interna de los grandes establecimientos es erradicar esa venta ilegal instruyendo debidamente al personal afectado del centro comercial- sea privado o policial- proceder de inmediato a la activación de los debidos protocolos ante la sola insinuación de instalación o amenaza de ello, lo cual se cumple con total efectividad.

Entonces, ¿por qué no implementar la misma política en la vía pública, si en definitiva el comerciante legalmente constituido paga idénticos impuestos sea que esté dentro o fuera de un centro comercial o shopping?

La respuesta es que dentro de un sistema donde se hace respetar la ley, lo ilegal no prolifera porque se erradica de raíz.

Lo cierto es que la “venta ilegal” perjudicó al comercio ante una inexistente voluntad política tendiente a su erradicación, naturalizándose su proliferación.

Hoy, aparentemente, los funcionarios habrían dejado de lado la indiferencia que al menos hasta la semana pasada existía sobre este flagelo, a pesar de recurrentes y sistemáticas solicitudes del comercio legal.

No sabría si el detonante fue la amenaza propinada por un supuesto vendedor ilegal -que días atrás habría sido el autor de un hecho delictivo en una ferretería del centro histórico-, al enterarse que el damnificado lo habría denunciado ante las autoridades policiales, hecho éste último que fuera denunciando por el comerciante damnificado ante la justicia, o la lógica consecuencia del año electoral o ambas.

Sea por una u otra causa, lo que se debe procurar es que no estemos en presencia de una decisión transitoria o “pour la galerie” y verdaderamente sea el inicio de una política que preserva y brinda protección al comerciante que paga sus impuestos, que crea trabajo, al cual le traban embargos si no paga en término AFIP o ARBA, que lidia con tasas de interés de los Bancos del 80 al 100% anual para afrontar muchas veces el pago de salarios y que día a día lucha denodadamente contra la recesión, la crisis y los tarifazos.

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