Un proyecto que desarregla lo que dice querer arreglar

¿Qué explica que mediante una ley se busque consagrar la inexistente relación laboral entre los propietarios de kioscos de diarios y revistas y las empresas que editan esas publicaciones?. ¿Cuál es la diferencia entre esa relación, claramente comercial, y la que existe entre el dueño de una librería y las editoriales de libros? ¿Qué justifica que se considere trabajador de la cultura a quien vende diarios y no trabajador molinero a quien expende harina en un almacén? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: la intención, cada vez más explícita, de asfixiar a la prensa crítica, mientras se premia a los medios cercanos al poder con cuantiosas pautas publicitarias distribuidas con el único criterio del premio y el castigo. ¿A qué viene todo esto? A que el pasado viernes 7 de noviembre, Día del Canillita, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que ratifica y agrava el régimen legal vigente en materia de venta de diarios y revistas. Más allá de cuestiones estrictamente económicas y técnicas que están siendo debatidas por las cámaras del sector, desde Adepa alertamos sobre el impacto que una eventual ley de esta naturaleza puede tener sobre la sustentabilidad de centenares de publicaciones en todo el país y, por ende, sobre la existencia de una prensa libre y sobre el sostenimiento de miles de puestos de trabajo en el sector periodístico. Con el indisimulado propósito de condicionar a los grandes medios de circulación nacional, el proyecto condenará a su extinción a diarios, periódicos y revistas grandes, medianas y pequeñas, muchas de ellas micropyme familiares. Hay en los autores de la iniciativa un preocupante desconocimiento de la realidad que afronta la prensa gráfica en el mundo entero y de modo muy especial en la Argentina. Es sabido que desde la década de 1990 se está reduciendo de manera sensible el número de ejemplares que se editan y llegan a los kioscos. Es un fenómeno universal, al parecer irreversible, vinculado con las nuevas tecnologías y con el cambio de hábitos de consumo. Esto determina no sólo que cada vez son comparativamente menores los ingresos de las empresas, sino también de los vendedores de diarios. Y este es un tema que preocupa al sector y que obliga a buscar soluciones conjuntas con distribuidores y vendedores, todos los cuales son factores esenciales para el acceso de los ciudadanos a la información impresa. Pero no es a través de descabelladas intervenciones estatales, ni menos generando absurdas relaciones laborales, que se hallarán las soluciones. En todo caso, en otros países lo que los gobiernos hacen es dictar medidas de aliento a la prensa gráfica, para contribuir a su reconversión. Porque en muchos casos, los editores por sí solos no tienen forma de revertir esa situación, mientras que los vendedores de diarios y revistas sí disponen de medios para evitar una merma en sus ingresos, mediante la inclusión de servicios como carga de teléfonos móviles y tarjetas de transporte, u ofrecer otros productos para la venta, particularmente libros, mapas, juguetes, encendedores, pilas y discos compactos que exhiben en sus negocios en la vía pública o en el espacio privado al cual alcanza el derecho de parada. Es evidente que se trata, entonces, de una política propiamente empresarial y no laboral, ya sea para incrementar los ingresos o compensar la menor venta de diarios y revistas. El proyecto En sus aspectos centrales, la iniciativa oficialista plantea que la actividad de venta de diarios, revistas y afines, en todas sus modalidades, posee carácter laboral; que el ministerio de Trabajo de la Nación, como autoridad de aplicación, formará una comisión tripartita de vendedores, distribuidores y empresas editoras para que busquen mejorar las condiciones y modalidades de trabajo de la actividad; y que ese mismo ministerio realizará un seguimiento periódico de la retribución percibida por los vendedores y convocará cada año a las partes para acordar la forma para actualizar los ingresos, a los que califica como salario. Más aún, el proyecto establece que la comisión tripartita acordará un “Reglamento Nacional de Circulación”, que establecerá las pautas formales, económicas, de retribución y circulación de las publicaciones. Esta intromisión del Estado en una actividad comercial que además tiene características muy diferentes en distintos puntos del país –de hecho, en muchos sitios del interior la venta de diarios se realiza en negocios polirrubro constituidos claramente como empresas y que a su vez tienen empleados en relación de dependencia sólo puede explicarse desde una concepción ideológica que identifica en la prensa libre como origen de buena parte de sus males. La propuesta desconoce los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en salvaguarda de la libertad de prensa. Tales disposiciones aceptan que la actividad empresaria periodística puede estar sujeta a normas reglamentarias dotadas de razonabilidad y comunes a toda actividad de esa índole. Pero prohíben que el sometimiento se produzca respecto de normas restrictivas y únicamente aplicables a la prensa. Ese vicio básico se expresa en que en la Argentina –y más aún si se aprobara el proyecto en análisis– la venta de diarios y revistas sólo puede ser realizada por las personas autorizadas por la autoridad de aplicación. Semejante régimen configura un monopolio económico y jurídico aplicable a una actividad que tiene naturaleza comercial y no laboral. Es una normativa que distorsiona los precios del sector, restringe el derecho de cualquier persona para comercializar diarios y revistas sin previa autorización estatal y entorpece innecesariamente el derecho de acceder a la información. Una ley para el sector puede considerar de carácter laboral y regular la relación entre la persona autorizada por el Estado para vender diarios y revistas y quienes esta contrate para la ejecución material de la recepción, venta o devolución de diarios y revistas. En tal caso existe una dependencia económica, disciplinaria y operativa del trabajador respecto del titular de la parada. Pero en modo alguno se concreta una relación laboral con las empresas periodísticas, tal como pretende esbozarlo el proyecto. Y daría lugar a múltiples controversias determinar la eventual responsabilidad de cada editor ante un reclamo “laboral” de un vendedor. Las empresas editoras no le imparten órdenes a los vendedores ni tienen un poder disciplinario sobre ellos. Como ocurre en otras actividades a consignación, les abonan, junto a los distribuidores de diarios, un porcentaje del precio de tapa de los ejemplares vendidos. Y reciben los ejemplares no vendidos, como en cualquier contrato de consignación. Adepa exhorta a legisladores de todas las bancadas políticas a rechazar de plano el proyecto presentado, para no acelerar el grave momento económico que vive la prensa escrita y no afectar así aún más el derecho ciudadano a recibir libremente información.   Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)