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Por el Dr. Adolfo Casabal Elía, abogado penalista
Desde hace un tiempo a esta parte se vienen repitiendo y acrecentando de modo alarmante los llamados “linchamientos” de delincuentes que son sorprendidos, inmediatamente después de haber cometido algún hecho ilícito, por grupos de personas que reaccionan violentamente en contra de ellos y que si no son detenidos por la mano policial o por la de algún transeúnte racional pueden llegar hasta la muerte del o los atacados.
A mi modo de ver, esos “linchamientos” resultan un verdadero salvajismo que no tiene justificación y que están debida y severamente castigados por el Código Penal, en algunos casos como homicidio simple o lesiones dolosas y en otros, cuando no se puede determinar con precisión quien es el autor material, como homicidio o lesiones en riña que tiene una pena de menor entidad (la escala máxima es de prisión de dos a seis años) porque se reparte la sanción entre “…todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido…” (así lo regula el artículo 95 de ese código). De todas maneras, el episodio en cuestión es de difícil prueba y no es de extrañar que en la práctica la investigación termine en la nada, como ha ocurrido en numerosos casos.
Ahora bien, dijimos que el “linchamiento” es explicable y ello ocurre particularmente en los momentos que vivimos en que el Estado ha abandonado literalmente la función más clara que tiene asignada, cual es su obligación indelegable de proporcionar seguridad a toda la población.
El abandono, seguramente de origen ideológico, proviene –en primer lugar- desde el Poder Ejecutivo por su inacción en la prevención policial, por la corrupción y/o ineficiencia de los servicios penitenciarios que permiten salidas de las cárceles para delinquir y fugas inexplicables (también las hay desde comisarías) y por sus intentos de reformar la legislación penal con proyectos que sólo benefician a los delincuentes.
En segundo término, el Poder Judicial que en su Fuero Criminal está sobrecargado de jueces “pseudo garantistas” que hacen todo lo que esté a su alcance para proporcionar ventajas a los malvivientes, ventajas (libertades que no corresponden, sentencias condenatorias que llegan en mínima proporción y no garantías de un juicio justo y cárcel al que la merezca, que son las exigidas por cualquier observador equilibrado).
Por fin y desgraciadamente, tenemos que decir que el Poder legislador tampoco contribuye con normas superadoras de esas situaciones ni con leyes de procedimientos penales que ayuden a evitar los excesos de los jueces.
En definitiva, frente a ese panorama gravísimo que la ciudadanía honesta y tranquila comprueba a diario en su propio perjuicio o en el de quienes están a su alrededor; frente a ese panorama, decía, viéndose abandonado de su indispensable protector oficial, a quien le reclama insistentemente que ponga fin a la inseguridad creciente en cantidad y violencia, el común de la gente no ve otra alternativa que hacer “justicia por mano propia”.
Resulta imprescindible entonces que se adopten los recaudos necesarios para terminar con la delincuencia y con la corrupción ya que en caso contrario terminaremos en el verdadero caos hacia el cual, tristemente, hoy nos vamos encaminando con prisa y sin pausa.
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