¿Podrá la nueva gestión cerrar algunas grietas?

  “Cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo“(SÉNECA) En un mundo cada vez más complejo y convulsionado, América Latina no es lamentablemente la excepción. Es de esperar que la aprobación del Senado chileno para realizar un plebiscito tendiente a decidir sobre la redacción o no de una nueva Constitución, contribuya a la paz social del país trasandino. Entretanto el dictador venezolano Nicolás Maduro ordena la captura de los líderes opositores al régimen, Leopoldo López y Juan Guaidó. Casi en paralelo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, hizo una presentación en Ginebra sobre la problemática que sufre el país caribeño. Ratificó y subrayó las denuncias sobre las innumerables violaciones a los derechos humanos consignadas en su informe de marzo del corriente año. Asimismo, hizo foco en el hostigamiento, arrestos y proscripciones políticas que padecen los parlamentarios venezolanos. La ex presidente socialista de Chile remarcó su preocupación, porque en el 2020 se llevarán a cabo en Venezuela elecciones legislativas. Por ende resulta altamente previsible, según este nuevo informe de Bachelet, que los eventuales candidatos opositores sean pasibles de todo tipo de inhabilitaciones en su contra por parte de los jerarcas chavistas. La situación colombiana ha retomado de a poco niveles razonables de convivencia. En tanto Bolivia parece encontrar cierta estabilidad, a partir de la definición de la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Está prevista su realización en los primeros meses del año próximo. Cabe agregar que una orden firmada por los fiscales de La Paz ordenó la detención del expresidente Evo Morales, hoy refugiado en la Argentina. Morales está acusado de sedición y terrorismo a partir de un audio en el que, según la acusación, da instrucciones para bloquear algunas ciudades bolivianas. Hace unos días Evo Morales compartió una cena con el presidente Alberto Fernández. Atento a su calidad de asilado en nuestro país, parecería apropiado que durante su  estancia se abstenga de formular declaraciones políticas respecto de la coyuntura boliviana. Declaraciones sobre la realidad boliviana no harían otra cosa que entorpecer las relaciones de la Argentina con el país hermano. Vale la pena señalar que el tratado de extradición vigente entre la República Argentina y Bolivia, no obliga a que uno de los países deba entregar a las autoridades del otro país, a un ciudadano que revista la calidad de refugiado o asilado político. En el orden interno después de muchísimos años un presidente no peronista completó su mandato para el que había sido libre y democráticamente elegido. La transición entre el gobierno saliente y el entrante dejó mucho que desear. Pero la ceremonia de traspaso, llevada a cabo en el Congreso Nacional, del Presidente saliente Mauricio Macri al Presidente entrante Alberto Fernández resultó un acto republicano que reconfortó a muchos argentinos. Ese 10 de diciembre fue un momento único que contrastó claramente con el vivido en diciembre de 2015. A ello debe sumarse la misa celebrada, dos días antes, en Luján para el festejo del día de la Virgen. Al momento de escribir esta columna se debate en el Congreso Nacional el proyecto de la denominada Ley de Emergencia que enviara el Ejecutivo. Cabe preguntarse si la realidad argentina, justifica que el Poder Legislativo  delegue en el Poder Ejecutivo facultades de carácter extraordinario para enfrentar la actual realidad. El proyecto titulado Ley de solidaridad social y reactivación productiva implica generar facultades al Ejecutivo que hagan posible enfrentar las siguientes emergencias: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.  Es decir, en el mencionado proyecto se consignan nada más ni nada menos que nueve emergencias. ¿La situación actual es peor que la vivida en el 2001 y que derivó en una ley de Emergencia votada en el 2002? ¿Es una situación grave y excepcional? No estoy seguro que así sea. Buena parte de la oposición pareciera no compartir el aludido proyecto. El proyecto plantea aumentar, vía las emergencias, los ingresos del Estado. Ello a costa de aumentar impuestos a sectores productivos y a disminuir sueldos a los jubilados. De bajar gastos ni hablar. Que el sector político se plantee a sí mismo el ajuste que les debe a todos los argentinos, mucho menos. Todos debemos apoyar al Presidente Fernández en su gestión con el objeto de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de este suelo. Siendo así, cuál es el motivo para tratar un proyecto de ley de tanta trascendencia en tan poco tiempo. Seguramente y siguiendo este razonamiento debieron haber intervenido varias comisiones parlamentarias y no sólo dos como finalmente ocurrió. ¿Contribuirá este proyecto en caso de convertirse en ley a cerrar algunas grietas que atraviesan a la sociedad? El tiempo nos dará la respuesta. En materia judicial, el procesamiento de varios dirigentes del campo por un piquete realizado hace once años podría formar parte sin duda alguna del libro Guinness de los records. En efecto, el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo que en 2017 había sobreseído a todos los imputados, por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ahora los procesó. Las movilizaciones tuvieron que ver con la posición del campo contraria a la resolución 125. En este caso se trató de una protesta realizada en la ruta 9 en el año 2008. Entre otros procesados incluidos en el fallo están los integrantes de la denominada mesa de enlace de entonces. Mario Llambías por Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Luciano Miguens y Hugo Biolcati por la Sociedad Rural (SRA), Eduardo Buzzi por la Federación Agraria (FAA), Fernando Giorno por Coninagro y la exdiputada Margarita Stolbizer forman parte del grupo de nuevos procesados a quienes se les impuso un embargo de 50000 pesos. ¿Cómo  debería leerse este pronunciamiento judicial formulado unas horas después de la asunción del nuevo Presidente? Cada lector está en capacidad de valorar adecuadamente la intencionalidad del referido fallo, más allá de las observaciones jurídicas del caso. Desde esta columna hago llegar a todos el deseo de una muy Feliz Navidad y lo mejor para el nuevo Año 2020. Fernando  Robles Analista político y economista Seguime en www.fernandorobles.com.ar