Por Luciano H. Elizalde, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral
En el marco del caso de los cuadernos de Centeno, Elizalde plantea que la dinámica acusatoria o denunciatoria que se vive en la Argentina es una “guerra civil simbólica” y que tendrá "bajas simbólicas" e importantes consecuencias para la clase que dirige las empresas y el Estado.
Es necesario plantear si lo que estamos viviendo en la Argentina es una “guerra civil simbólica”. Nos estamos “eliminando simbólicamente” con el principal medio de destrucción que ha encontrado la democracia y el Estado de Derecho como alternativa a las balas: la dinámica acusatoria.
Hasta ahora, los sucesos de la “guerrilla simbólica” habían estado marcados por la “grieta” o las diferencias entre culturas políticas que tiene la Argentina en este principio de siglo. Sin embargo, la denuncia canalizada por los “cuadernos de Centeno” marca una bisagra sobre las agresiones impulsadas por la “grieta”. Estamos ante un proceso diferente y completamente único en la historia reciente de la política y del enfrentamiento político en la Argentina.
Para la opinión pública, la aparición de los cuadernos es una operación del Gobierno nacional. Cuesta creer que esto haya sucedido tan sólo como una casualidad dentro del actual contexto.
Es la primera vez que la democracia argentina -sus protagonistas en el Gobierno- han decidido actuar con semejante dureza y extensión contra sus “enemigos”. Pienso que es un peldaño superior al enfrentamiento protagonizado en la etapa política anterior, entre el espacio político kirchnerista y quienes se encontraban enfrentados con ellos. La “eliminación simbólica” es y será un hecho. Las personas físicas y jurídicas (empresas, por ejemplo) serán anuladas o eliminadas como actores sociales, es decir, no tendrán capacidad de actuar dentro de sus actividades normales previas.
Otro rasgo diferenciador es que la dinámica acusatoria ha comenzado a funcionar retroalimentando el sistema periodístico con el sistema judicial. Cada vez más, los periodistas sólo toman con seriedad para publicar las denuncias realizadas ante la Justicia, y los abogados defensores y fiscales han empezado a tener en cuenta los dichos públicos y las expresiones de los periodistas o de los protagonistas de noticias y notas periodísticas, como pruebas y evidencias en el proceso judicial.
Habrá consecuencias de todo esto. Las bajas simbólicas: reputaciones destruidas y desactivación de la credibilidad general. Si la mayor parte de las clases que dirigen empresas y el Estado, los medios y las universidades, quedan desprestigiadas y afectadas en sus respectivas reputaciones, entonces, se producirá una crisis de credibilidad. El Gobierno nacional se encuentra ya afectado por ella. Las reacciones de los mercados y de la propia sociedad que lo acompañó en 2015, parecería que muestran este daño de credibilidad. Los niveles de decepción de la sociedad argentina llegan al 70% y afectan a toda la clase dirigente: políticos, empresarios y funcionarios del Poder Judicial.
También, habrá una crisis de autoridad y de legitimidad para los que quedan con “vida”. A corto plazo, se producirá una crisis de autoridad mayor a la que existía. ¿A quién podemos seguir, obedecer, escuchar? Quienes se colocaban como personas con autoridad moral para decir algo a otros, están cayendo como “bajas simbólicas” del conflicto mediático-judicial.
Por último, surgirá la necesidad de una negociación final que mejore el sistema: cómo se termina la guerra civil simbólica. Todo conflicto comienza con un objetivo (por lo menos de una de las partes) y, por lo general, llega a un final cuando es posible una negociación en la que la parte que se ve más afectada, cede ante la otra parte. Sin embargo, además del término del proceso es necesario plantearse cómo finalizar con una mejora de las estructuras sociales institucionales. Esto es el desafío para todos.
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