¿Justicia o mínimas crónicas policiales?

La lentitud y falta de resultados de la Justicia generan tensiones y desconfianza en la     sociedad. La semana pasada el juez federal Marcelo Martínez di Giorgi dictó el procesamiento de varios imputados en la causa denominada “sueños compartidos”, en la que desde el año 2.012 se investiga el destino de fondos del Estado Nacional a un programa de construcción de viviendas sociales. El programa de ejecución de las mencionadas viviendas estuvo a cargo de la Asociación Madres de Plaza Mayo. Esta entidad está presidida por Hebe de Bonafini. La causa se originó por el desvió de 206 millones de pesos, alrededor de 50 millones de dólares girados a esa asociación por el gobierno kirchnerista. El juez procesó por fraude al Estado entre otros a Hebe de Bonafini, Sergio y Pablo Schoklender, José López y Abel Fatala. Vale la pena aclarar que se trató de una obra pública que el estado decidió ejecutarla a través de la asociación de las madres. Ahora bien, el juez procesó al ex subsecretario Fatala y al ex secretario López hoy en prisión por los bolsos con dólares arrojados a una casa de retiro religioso en Luján. Ambos fueron funcionarios del Ministerio de Planificación Federal que estuvo a cargo del arquitecto Julio de Vido. Cuesta entender porqué el señalado procesamiento, no alcanzó a otros funcionarios involucrados en esta operación como el ex ministro, gobernadores, intendentes y eventualmente a la ex presidente. Ello en virtud a que los funcionarios nacionales digitaron la adjudicación de los proyectos, pues no hubo licitación alguna. Esta causa estuvo en su origen a cargo del entonces juez federal Norberto Oyarbide, quien investigó según su estilo, los hechos que surgieron a la luz con motivo de los enfrentamientos entre los hermanos Schoklender y luego entre éstos y la señora Bonafini por los fondos de la Asociación. Nada habría mencionado, de acuerdo con algunas fuentes, esa investigación respecto de un departamento que habría recibido María Alejandra hija de Bonafini de manos de los Schklender. En el año 2.013 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones anuló todo lo actuado por Oyarbide en esa causa, que incluía algunos procesamientos, apartó al magistrado y la juntó con otra causa que tramitaba Martinez di Giorgi en la que investigaba a intendentes y gobernadores que habían contratado los programas de viviendas. Todos recordamos las humillaciones que tiempo atrás sufrió el juez Martinez di Giorgi, cuando ante la resistencia de Bonafini a presentarse a declarar en su juzgado, ordenó su detención. Estaba citada a prestar declaración indagatoria y el juez no pudo arrestarla para su traslado al Tribunal porque la patota kichnerista de la que formaron parte algunos diputados nacionales se lo impidió. Finalmente el juez terminó tomándole la indagatoria en la cocina de la sede de la Asociación, no en el juzgado. De este desmanejo de fondos participaron el Estado Nacional, la Asociación de Madres y una sociedad creada por la escribana Marta Cascales, pareja de Guillermo Moreno, denominada Meldorek S.A. a la  que encargaron la tercerización de las obras. Como consecuencia de ello, numerosos trabajadores del gremio de la construcción sufrieron la pérdida de sus aportes previsionales. A todo esto conocido su procesamiento, Bonafini ante el sugestivo silencio del kirchnerismo, hizo pública una carta respuesta que le enviara los primeros días de mayo del corriente año el Papa, intentando con ello disminuir el impacto de la noticia. Así como en 2011, por consejo del kichnerismo pidió ayuda al general Milani cuando estalló el escándalo, de un tiempo a esta parte el abominable Bergoglio en tiempos pasados se transformó en Francisco que le ilumina el camino. Numerosas causas de corrupción como la descripta precedentemente, a diario aparecen en las crónicas policiales y judiciales informándonos de a pedacitos los detalles de las mismas. Se dice que una causa de corrupción en nuestro sistema judicial, tarda en tener una sentencia al menos 14 años. Un caso emblemático podría ser entre otros, las dos causas con sentencias de primera, segunda y tercera instancia vinculadas al hoy senador Carlos Menen que esperan sentencia definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde hace aproximadamente cuatro años. El derecho a la Justicia debería ser considerado como un derecho humano fundamental, contribuyendo de esta forma a aliviar tensiones y generar confianza en la sociedad. Entiendo más que oportuno tener en cuenta y reflexionar sobre las palabras de Platón,  filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles sobre la justicia: “La peor forma de justicia es la justicia simulada”. Fernando Robles Analista político y economista