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Por Dr. Marcelo H. Echevarría
Abogado (UBA), Especialista en Derecho Penal (UB)
Los responsables de la seguridad de Pilar, al brindar explicaciones a los medios periodísticos locales referidas a la grave ola de inseguridad que afecta el centro y barrios del distrito , sistemáticamente envían mensajes argumentando: “como el ciudadano no denuncia no se enterarían de los delitos”. Ese mensaje contiene -a mi entender- una doble finalidad.
La primera de ellas sería instalar que el problema de la inseguridad no sería responsabilidad del Estado Municipal, sino de la supuesta pasividad de la víctima que no denuncia el hecho delictivo y, como consecuencia de ello, la autoridad desconocería la existencia de innumerables delitos que suceden a diario.
La segunda finalidad sería no hacerse cargo del problema, colocando sus propias deficiencias e impericias dentro de una mochila y a ésta en las espaldas del ciudadano que no solo es víctima, sino también es quien abona los salarios de esas autoridades mediante el pago de los impuestos.
Ciudadanos pilarenses, no tiene la culpa la víctima de una entradera a la que le partieron la cabeza producto de los golpes para perpetrar un robo si decide no denunciar, sea por descreer en los alcances de esa denuncia o por hartazgo, o de aquel comerciante que abre las puertas de su restaurante en el centro de Pilar y se encuentra con que le robaron sus pertenencias.
La responsabilidad es única y exclusivamente de la autoridad ante una inexistente política prevencional.
Evidentemente ni el monitoreo de supuestas 900 cámaras instaladas en el distrito previenen los hechos delictivos, como tampoco la existencia de una mayor cantidad de personal policial y rodados que enviaron recientemente desde el Gobierno Provincial, justamente, porque lo que falla, reitero, es el plan estratégico de prevención del delito y no la acción policial.
Cuando no existe una política de seguridad se trabaja con el hecho consumado, y ese hecho puede consistir desde un simple hurto hasta un robo, o intento de robo seguido de homicidio, tal como lamentablemente ha ocurrido en varias ocasiones.
No existe presencia física de uniformados en las calles del distrito, lo cual tiene carácter disuasivo.
Los móviles tardan un tiempo excesivo en llegar al lugar del hecho, justamente porque no existirían protocolos que definan los lugares estratégicos en lo que respecta a las rutas y/o recorridos que deberían realizar los mismos en lo referido a la labor de prevención del delito.
Caso contrario, la presencia del auto patrullero ante el llamado sería inminente.
De igual manera, si el hecho ilícito fue consumado, se pondrían en marcha los debidos protocolos con el objetivo de realizar los denominados “operativos cerrojos” a fin de detener a los delincuentes.
Por estas y muchas más razones, resulta una falta de respeto y una subestimación al ciudadano de bien transmitir que, por la no radicación de denuncias, la autoridad desconocería la cantidad de delitos existentes en el distrito.
Por lo tanto, voy a aplicar un razonamiento -a modo de antítesis- a lo manifestado por los funcionarios cuya labor es brindarnos la debida seguridad.
“Si las autoridades manifiestan desconocer la existencia de delitos en Pilar porque la víctima no radica la denuncia, sería porque solo conocerían el hecho ilícito por la exclusiva información del ciudadano que lo padeció, lo cual afirmaría que perdieron el dominio de la calle habiéndolo ganado la delincuencia”.
Lo único que espero, por el bien de todos nosotros, es que el razonamiento antedicho sea totalmente inválido y, que a futuro, se demuestre lo equivocado e irrazonable de mi apreciación que, de ser así, les aseguro que me pondría muy contento.
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