Gestionar antes, durante y después del virus

Por Fernando Robles

Analista político y economista

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A un mes de escrita la columna anterior, la enorme mayoría de los ciudadanos de a pie sigue sufriendo no solamente por el peligro de contraer el virus y la prolongación de la cuarentena, sino también por la angustia que genera la incertidumbre de carecer de un razonable y protectivo plan estatal, que apunte a retomar gradualmente niveles de actividad tendientes a atenuar la creciente recesión económica.

Al inicio de la semana que se inició este lunes, la Argentina irá por el día 81 de cuarentena y llegará el 28 del corriente mes al día 101 de cuarentena luego del último anuncio presidencial. En nuestro país tenemos, entre otras cosas, la avenida Rivadavia catalogada como la más larga del mundo, la avenida 9 de Julio considerada la más ancha del mundo y hemos logrado, gestión gubernamental mediante, por novena vez caer en default. Y por cierto la prolongación de la cuarentena ubica al país como el campeón mundial del encierro obligatorio.

Esta postergación indefinida refleja un significativo desequilibrio en la gestión gubernamental entre el tratamiento dado a la situación sanitaria y a la situación económica. Para la Organización Mundial de la Salud el bienestar de las personas que integran una comunidad libre involucra la salud física, la salud mental y la salud social. La cuarentena y el distanciamiento social resultaron medidas muy apropiadas a fines de marzo. En ese momento la denominada pandemia salía de China y empezaba a atacar a Europa, EEUU y el resto del mundo. En la lucha contra el desconocido virus la mayoría de los argentinos apoyamos al Presidente en esa primera etapa.

Alberto Fernández se rodeó de un comité de expertos integrado por infectólogos, epidemiólogos, médicos pediatras y algún médico clínico. No nos hemos enterado que en el comité actúen sociólogos, psicólogos ni psiquiatras. Este grupo de sanitaristas aconsejaron llevar adelante una cuarentena que implica en la práctica el distanciamiento social y el encierro en sus domicilios de la mayoría de los argentinos. La cuarentena entiendo, tuvo como objetivo en esa primera etapa concientizar a la población sobre el peligro que representa este desconocido virus, ganar tiempo para preparar, en lo posible, los sistemas públicos de salud y realizar la mayor cantidad de testeos.

El gobierno optó claramente por concentrarse en las cuestiones sanitarias de la mano del comité de expertos. Es así, que prorrogó una y otra vez la vigencia de la cuarentena postergando la vuelta a la libre circulación de las personas, la reanudación de actividades económicas, las visitas de atención médica, las actividades  educacionales y las recreativas. Y es en esta instancia, cuando el sentido común nos lleva a pensar que un encierro estricto que va camino a cumplir 100 días tiene grandes posibilidades de deteriorar la salud social y mental de los individuos. Y finalmente, afectar la salud física de las personas.

Por ello, sería deseable que el comité de sanitaristas enseñara a la sociedad en su conjunto a convivir con el desconocido coronavirus y asesorara al Presidente Fernández respecto de la reapertura de la mayor cantidad de actividades suspendidas por la pandemia y la cuarentena. Todo ello manteniendo los debidos recaudos sanitarios y persistiendo  en la práctica de los testeos estatales.

Vale la pena recordar las palabras de Michelle Bachelet respecto de las consecuencias que tiene sobre la política, la economía y la sociedad, según el país de que se trate, el manejo de la lucha contra el virus. Bachelet es una de las mujeres más influyentes del mundo. Ocupó la presidencia de Chile durante dos mandatos y desde el 2018 es la  alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. Fue condecorada por 14 países y recibió 12 doctorados honoris causa. Es asimismo, la presidenta honoraria de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A comienzos de mayo Bachelet señaló al diario La Nación, respecto de la crisis mundial desencadenada por el virus, que “hay mandatarios que deciden legislar por decreto saltándose el orden constitucional”. Y  agregó que hay gobiernos que desobedecen lo que dictaminan tribunales judiciales o ignoran al Poder Legislativo,  advirtiendo que las mujeres son las más afectadas. ¿Le suena estimado lector a algo parecido que sucede a nuestro alrededor?

Concurrentemente por esos días la canciller alemana Ángela Merkel destacó el valor de la prensa crítica contra los totalitarismos, especialmente en los tiempos actuales marcados por el coronavirus y la necesidad de discernir entre información veraz y mentiras. Y agregó que “las y los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica”. “La democracia necesita hechos e información”. ¿Le suena estimado lector a algo parecido que sucede a nuestro alrededor en materia de comunicación audiovisual? El 7 de junio fue el Día del Periodista en nuestro país y las declaraciones de las dos líderes mundiales nombradas en los párrafos anteriores, encajan como anillo al dedo para quienes  ocupan posiciones de gobierno y para el periodismo en general. Muy apropiadas y oportunas resultan por cierto para el periodismo ensobrado y/o pauta dependiente. Si, se trata del periodismo que infunde permanentemente miedo a la población y hace una sostenida difusión de una macabra contabilidad, dando cuenta minuto a minuto con el graf “URGENTE” de la cantidad  de infectados y muertos por el virus en nuestro país y el mundo. Saque el lector sus propias conclusiones del porqué funcionan así.

En la Argentina murieron 32.000 personas en 2018 a causa de la gripe y hoy después de más de 80 días de confinamiento los muertos por el Covid -19 superan apenas los 700. La respuesta del gobierno de Suecia a la crítica “tribunera” del Presidente Fernández con relación al manejo de la crisis por la pandemia fue diplomática, categórica y elocuente. El comunicado sueco consignó: “Pasará el tiempo para saber qué modelo funciona mejor”.

Esta cuarentena sin fin ha provocado una profunda recesión cuya magnitud es aún prematuro calcular con exactitud, pero que sin duda no será menor a una disminución del 10 por ciento del Producto Bruto Argentino para el 2020. Los gobiernos en ejercicio  en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal privilegiaron claramente el encierro de la población por sobre las actividades económicas. Ello entiendo está generado en buena parte porque ubica a quienes deberían gestionar, en una zona de confort que se mantiene gracias a una descomunal emisión monetaria por parte del Estado Nacional.

Desde nuestra última columna al presente han pasado unas cuantas cosas para remarcar en nuestra querida tierra. La primera es que pese a tener asegurado el cobro de sus sueldos todos los meses, ninguno de los estamentos de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial han concretado una baja en sus remuneraciones. Han ignorado olímpicamente los ejemplos de Uruguay, México, Ecuador y Chile que así lo hicieron para bajar el costo de la política. Eso sí, después de más de 70 días sin sesionar diputados y senadores lograron realizar la primera sesión virtual, “festejada” por los participantes con casi el mismo entusiasmo que si la Argentina hubiera ganado el tercer campeonato Mundial de futbol. Sin comentarios.

El Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el acompañamiento del gremio de empleados judiciales, que dirige Julio Piumato, viene decretando feria tras feria siguiendo todas y cada una de las prórrogas de la cuarentena establecidas por el Ejecutivo. Los judiciales han logrado la feria más larga de la historia. Sin perjuicio de ello, es decir, con un Poder Judicial en modo “pausa” hubo tiempo y dedicación para decretar la prisión domiciliaria sin fundamento  de Amado Boudou. O para decretar la prisión domiciliaria de numerosos presos detenidos en establecimientos penitenciarios con la excusa del peligro de “potencial contagio del Covid-19”. Muchas de esas liberaciones fueron ilegales, toda vez que no se cumplió con la ley que obliga al funcionario judicial a cargo a darle vista previa a las víctimas.

El abanderado de estas liberaciones de delincuentes fue el juez de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires Víctor Violini, impulsado por el juez de Casación Nacional Mariano Borinsky. Violini recordemos, fue el juez que habilitó con anterioridad el uso de celulares por parte de los presos.  Este juez hizo lugar a un Hábeas Corpus colectivo, que luego y después de la apelación del fiscal Carlos Altuve revocó la Corte Suprema bonaerense. Como es fácil de advertir no pudieron superar la gran “Cámpora-Righi” que fue una suelta indiscriminada de presos allá por junio de 1973 cuando Héctor Cámpora era Presidente.

Unos días antes el gobierno nacional accedió a negociar excarcelaciones para frenar un motín en la cárcel de Villa Devoto. En lugar de reestablecer el orden en el penal, se optó por desarrollar una “paritaria” entre el juez de Casación Nacional Gustavo Hornos, el secretario de Justicia de la Nación Juan Martín Mena, el por entonces director del Servicio Penitenciario Nacional Emiliano Blanco y representantes de los presos. El motivo que originó los disturbios fue el miedo al contagio del Covid-19. Cabe señalar que antes del motín visitó sigilosamente el mencionado penal aludiendo al coronavirus,  la número dos del Ministerio de Salud de la Nación Carla Vizzotti.

Es remarcable el silencio que a esta altura ya es atronador por parte de todos los organismos nominados como defensores de los derechos humanos, respecto de los abusos sufridos por miembros de  la comunidad Qom que habitan en el Chaco Central. Y ni hablar de cómo han ignorado, al igual que muchos medios audiovisuales, las organizaciones de derechos humanos el asesinato del peón rural Luis Espinoza ocurrido a manos de policías de civil en la provincia de Tucumán y arrojado por un barranco situado en el límite entre Tucumán y Catamarca. Por estos días atravesando la interminable cuarentena, observamos  un Ejecutivo Nacional en cabeza del Presidente Fernández lidiando con la pandemia, pero sin un plan articulado para salir del encierro y el aislamiento social con el objeto de empezar a reconstruir la economía.  Pareciera que el único plan existente son las encuestas. Y esto cabe también para varios gobiernos provinciales y municipales. En paralelo, vemos un Ejecutivo Nacional hiperactivo en cabeza de la Vice-Presidenta que opera  en los campos judicial, legislativo, económico y en la designación de funcionarios en la administración pública nacional. Los próximos días los acontecimientos irán dando cuenta de cómo se resuelven las crecientes tensiones en el oficialismo. Asimismo, veremos de qué manera se unifica o no en su accionar la oposición.