Tras la convocatoria realizada desde el oficialismo local para presentar el próximo lunes 10 de abril el proyecto de Código de Ordenamiento Territorial (COT), me permito hacer varias consideraciones.
Se convoca a una asamblea, que ahora resulta ser una audiencia pública, sin tiempo ni información suficientes, ni la participación de especialistas y profesionales para analizar el proyecto. No sorprende el método y preocupan las consecuencias.
El kirchnerismo acostumbra prepotear las normas y las formas. Lo grave es que no se respetan los mecanismos establecidos en la ordenanza vigente 2864/18 de Ordenamiento Territorial.
Por lo poco que se puede saber del proyecto, se propone la reducción del cuadro de usos abriendo una puerta ancha a las excepciones. Lo que en la jerga de la buena gobernanza publica se denomina rent seeking oportunities, o kioscos en buen criollo.
Son algo más de cien páginas en las que se eliminan herramientas útiles de gestión territorial, se acota el cuadro de usos y no figura un plan urbano con sus criterios, alcance y visión de desarrollo para Pilar.
En lo que va de la actual administración municipal nunca se constituyó el Consejo Asesor Urbano Ambiental, con la participación de especialistas y profesionales de entidades representativas. Con esto también incumplen la ordenanza vigente ya que es un requisito para posibilitar actualizaciones y modificaciones del COT.
Este proyecto de Código de Ordenamiento Territorial se armó de espaldas a los pilarenses, no respeta la ordenanza vigente y genera sospechas razonables. La ordenanza vigente desde 2018 es producto de la convocatoria que oportunamente se hizo a la comunidad para confeccionar el mejor código posible. Con la chance expresa de actualizarlo y ajustarlo a las nuevas necesidades y realidades urbanísticas. El oficialismo pretende refundarlo, sin consulta y con mayoría automática en el HCD.
La mayor preocupación respecto a la convocatoria realizada es el cambio de figura jurídica. Una cosa es una asamblea informativa abierta al debate y otra una audiencia pública convocada sin respetar los requisitos de forma y plazos. El oficialismo podría creer que con esto se cumplen los pasos para enviar su proyecto al HCD y derogar el código vigente sin mayor trámite.
Nuestros concejales en la oposición, y la oposición en su conjunto, no debieran convalidar este atropello. En principio porque en democracia las formas son tan importantes como los contenidos. La convocatoria fue mal realizada y sin atenerse a lo normado.
Segundo, porque tanto secreto, apuro y desprecio por la opinión del otro nos obliga a analizar debidamente el alcance y motivación del proyecto. Una norma tan importante para la vida y desarrollo de los pilarenses no puede esconderse detrás del tratamiento de la Rendición de Cuentas.
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