Los ciudadanos comunes sostienen la voluntad de trabajar y progresar pese a las diversas puestas en escena de políticos que los subestiman.
En el orden internacional asistimos esta semana a la salida de Raúl Castro como presidente de Cuba. Su reemplazo fue propagandizado por el relato gubernamental como el fin de la gestión castrista, después de casi 60 años, en la vida de la isla caribeña. Nada más alejado de la realidad, ya que el presidente entrante Miguel Díaz Canel, calificado por la narrativa que rodea al poder como “un funcionario gris”, es un fiel discípulo de Raúl Castro. El pueblo cubano votó por un sólo candidato de un sólo partido, el comunista. La Asamblea Nacional cubana lo ungió por unanimidad como presidente del país. Cambiar para que nada cambie.
Vale remarcar que en la capital de la isla, la salida de Castro no alteró para nada ni las actividades ni las expectativas de sus habitantes. Todo un ejemplo “revolucionario” cuyo ciclo fuera fundado por el ya fallecido Fidel Castro. La Dra. Hilda Molina, neurocirujana cubana asilada en la Argentina, describió a Fidel en un reportaje llevado a cabo en Radio Mitre como “un psicópata muy inteligente para el mal”. Recordemos que la destacada médica cubana sufrió 16 años de prisión en la isla por pensar distinto al régimen comunista de los Castro.
Informó asimismo, sobre cuestiones de orden económico-empresarial que resultan por demás ilustrativas. Es así, que según lo manifestado por Molina, la cadena de hoteles españoles Melía, radicada desde hace años en esa tierra, le entrega al gobierno de la isla el total de los importes que corresponden a los sueldos de sus empleados. Y es el mismo gobierno el que les entrega un pequeño porcentaje de esas remuneraciones a los trabajadores. Todo un símbolo de una “justa distribución de la riqueza”. La mayoría de los cubanos considera este cambio de figuras en el gobierno como una farsa. Cambiar un dictador por otro no asegura acceder a la libertad.
En lo que respecta a la vida judicial local, cabe señalar que el contador del matrimonio presidencial Víctor Manzanares, preso desde julio de 2017 en la cárcel de Marcos Paz, renunció a su cargo de síndico titular del Banco de Santa Cruz. Manzanares permanece en prisión por obstrucción de justicia en la causa Los Sauces, según lo resuelto en su oportunidad por el juez federal Claudio Bonadío. No deja de sorprender como se pueden ejercer cargos, en este caso vinculado al control de la gestión de un banco, desde la cárcel.
Recordemos que Manzanares firmó, en calidad de perito de parte junto con los peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el informe técnico contable en la causa por enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina Kirchner. En esta causa los imputados fueron sobreseídos en tiempo récord, digno del libro Guinness, por el ex–juez federal Norberto Oyarbide allá por agosto de 2009.
Genera preocupación e indignación, la negociación que se habría llevado a cabo entre el camarista federal Eduardo Farah y ciertos funcionarios para trasladar al juez en cuestión. Farah, que dictaminara sobe la liberación de López y De Sousa y el cambio de carátula de esa causa, solicitó ser trasladado al Tribunal Oral Penal Económico Nº 1 de Capital. Ese traslado será tratado seguramente por el Consejo de la Magistratura la semana que viene, donde el oficialismo tiene una frágil aunque mayoría al fin. Lo declarado por el ministro de Justicia nacional Germán Garavano quien manifestó: “el gobierno lo considera muy positivo” y que el compañero de la aludida resolución en la cámara federal, Jorge Ballestero esté considerando renunciar a su cargo contribuyen a la preocupación e indignación.
En lo político asistimos los ciudadanos de a pie, al lanzamiento de la precandidatura para ocupar la gobernación de la Provincia de Buenos Aires de la intendente de La Matanza, Verónica Magario. Este acto político fue desarrollado, a pantalla televisiva partida, durante el velorio del trabajador del transporte público Leandro Miguel Alcaraz de 26 años de edad. Este ejemplar joven argentino, esposo, padre de una niña y a la espera del nacimiento de un segundo bebé fue asesinado por dos monstruos. Este chofer de la línea 620, fue ejecutado de un tiro en el cráneo y otro en el pecho, luego de una discusión por la tarjeta SUBE.
Habría sido presuntamente ejecutado por dos jóvenes, un menor y el otro penalmente responsable según fuentes confiables y un audio grabado en una dependencia policial. La intendente Magario, decoradora de patrulleros policiales que enviara el gobierno provincial, muchos de los cuales no circulan vaya a saber porque, se desligó del brutal hecho policial. Pero no quedó allí su discurso de lanzamiento. Fue por más, responsabilizando con una gélida expresión corporal a la gobernadora Vidal y a su gobierno por el hecho y por la falta de diálogo, que estaría sufriendo de parte de la administración provincial.
Sería importante que la intendente explicara en detalle que uso le dio a los casi 240 millones de pesos que le fueran enviados por la Provincia para fortalecimiento de la seguridad. Según algunas fuentes confiables, el Tribunal de Cuentas provincial habría informado que esos fondos tuvieron destinos diversos pero ni un sólo peso destinado a cuestiones vinculadas a la seguridad.
No estaría de más que Magario recordara que estos episodios tienen que ver con la vida humana. Y este valor supremo es algo que no debería ser degradado por ningún discurso político. Este comportamiento, si bien por demás lamentable, no debe hacernos olvidar que mientras gobernaban la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la intendencia de La Plata sus compañeros de espacio político se produjo la tremenda inundación de la ciudad de La Plata. La ciudad y zonas aledañas sufrieron entre el 2 y 3 de abril de 2013 precipitaciones de más de 400 milímetros en un lapso de aproximadamente cuatro horas. Una verdadera catástrofe para todos los habitantes de la zona. Al día de hoy, cinco años después, no ha sido posible establecer fehacientemente la cantidad de personas fallecidas producto de esa desgracia natural.
Cristina Kirchner, ex-Presidente, Daniel Scioli, ex– gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Bruera, ex–intendente de La Plata ¿le suenan tal vez? Esos gobernantes de entonces todavía no lograron ponerse de acuerdo con la justicia platense sobre la cantidad de víctimas. Trágica similitud que nos debe afligir y preocupar a todos los argentinos sin excepción.
Fernando Robles
Analista político y economista
www.fernandorobles.com.ar
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